Artículo publicado por Vicenç Navarro, 16 de mayo de 2012

Este artículo señala que las políticas de austeridad impuestas a Grecia por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) así como el Consejo de Europa y el binomio Merkel-Sarkozy, han conducido a aquel país a una enorme recesión. La insistencia de estos organismos en continuar imponiendo tales políticas “extremistas” está generando una respuesta saludable de rechazo por parte de la mayoría de la población y de los partidos políticos que, paradójicamente, los medios de información (que son más de persuasión que de información) los definen como “extremistas”.

Durante más de cuatro años se han estado promoviendo a lo largo de la Unión Europea unas políticas de austeridad que han estado dañando el bienestar de las clases populares. Los dos componentes más importantes de estas políticas han sido los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social (tanto en las transferencias –como las pensiones- como en los servicios públicos del Estado del Bienestar –como sanidad, educación, servicios sociales, servicios domiciliarios a las personas con dependencia o escuelas de infancia, entre otros-) y la reducción de los salarios. La justificación de tales políticas ha sido recobrar la confianza de los mercados financieros internacionales y la competitividad de la economía, recuperando con ello el crecimiento de la economía y la producción de empleo.

Pues bien, en lugar de alcanzar estos objetivos, se ha conseguido todo lo contrario. En ninguno de los países donde se han aplicadon tales políticas se ha estimulado la economía. Lo que sí han conseguido, es crear una enorme recesión, que en algunos países ha llegado a ser una Gran Depresión. El caso más evidente, aunque no el único, de la ineficacia de tales políticas, ha sido Grecia. Según el Fondo Monetario Internacional (uno de los mayores proponentes de tales políticas de austeridad), aplicando estas políticas durante los últimos cuatro años, la economía de Grecia ha ido empeorando año tras año, con el consiguiente descenso del nivel de vida de las clases populares. Los salarios son casi un 16% más bajos de los existentes al principio de la crisis, con un crecimiento muy acentuado del desempleo durante este periodo, habiendo alcanzado ya un 20% de la población activa. La deuda pública, cuya reducción era un elemento deseado en tales políticas, se ha disparado llegando a un 135% del PIB, la cifra más elevada en la historia reciente de aquel país.

Sólo los dogmáticos fundamentalistas de la fe neoliberal, totalmente impermeables a la evidencia científica, y cuyo número es muy elevado en los foros económicos y financieros españoles y sus fundaciones, como Fedea (financiada por grandes grupos bancarios y empresariales) y las revistas económicas, continúan acentuando la necesidad de seguir con tales políticas, fundamentalismo que ha contaminado a sectores de las izquierdas gobernantes europeas, cuya única diferencia es que indican que tales políticas, aunque necesarias, son insuficientes, exigiendo ahora políticas de estímulo del crecimiento económico además de las políticas de austeridad. Como he indicado en otro artículo (ver mi artículo “Las propuestas de François Hollande son insuficientes para salir de la crisis”, Público digital, 10.05.12), tales medidas de estímulo de crecimiento serán insuficientes, pues la causa de la enorme recesión es la escasa demanda creada por los dos componentes de las políticas de austeridad citadas anteriormente, es decir, los recortes de gasto público y la reducción de salarios.

La situación en Grecia. Los maliciosamente llamados “extremistas” llevan razón.

La población griega es plenamente consciente de que las políticas de austeridad están en el centro de sus problemas. La gran mayoría del electorado las rechazó en las últimas elecciones al Parlamento griego. Los grandes perdedores de tales elecciones fueron el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata, PASOC, sostenedores y promotores de tales políticas de austeridad. Sumando sus votos consiguieron sólo un tercio de los votos emitidos. Los otros dos tercios fueron a partidos que tenían en el centro de sus propuestas electorales el rechazo a tales políticas. A tales partidos se les define como “extremistas” por parte de los medios de mayor difusión españoles, mientras que definen a los partidos que han llevado a la ruina a Grecia, causando un enorme dolor a las clases populares como “razonables”, “maduros políticamente”, ”llenos de sentido común” y otros calificativos aprobatorios de tales partidos. Esta clasificación de los partidos griegos por parte de tales medios muestra una vez más que su objetivo no es informar, sino persuadir a la población.

Frente a esta realidad hay, como bien señala Dean Barker (una de las mentes económicas más clarividentes de EEUU), dos alternativas para Grecia. Una es su salida del euro. Tal salida crearía problemas graves pero solucionables en un periodo de tiempo relativamente corto. El caso más claro de ello es la salida de Argentina de la paridad de su moneda, el peso, con el dólar estadounidense, desoyendo las instrucciones del FMI. Su economía bajó durante el primer año, pero, al recuperar el control de su propia moneda, pudo rápidamente recuperarse, siendo a partir del segundo año el país de América Latina que creció más rápidamente.

Un tanto parecido ocurriría en Grecia. La elección que se presenta a un futuro gobierno griego es o continuar la situación actual por más de diez años, que condena a Grecia a una situación que debería considerarse intolerable, o llevar al país a una transición muy dura económicament por uno o dos años para recuperarse más rápidamente después de ello. Esta alternativa, aunque podría ser la mejor para Grecia, es probable que no ocurra, pues es la menos deseada por la banca alemana, ya que tal salida crearía una situación difícil para el sistema financiero europeo dominado por tal banca. Las expresiones de que el gobierno alemán o el Banco Central Europeo (BCE) desean “expulsar” a Grecia del euro parecen desconocer la dependencia de la banca alemana de los fondos prestados a Grecia y a otros países PIGS. La salida de Grecia del euro afectaría negativamente el sistema financiero europeo, centrado en la banca alemana.

La otra alternativa es que cambiaran las políticas de austeridad en la Unión Europea y en la Eurozona, permitiendo la recuperación de la economía griega. La elección de François Hollande ha creado esta esperanza. He señalado que las políticas de François Hollande, aunque insuficientes, podrían abrir las puertas a otras medidas más relevantes para la solución de la crisis griega, incluyendo la anulación de las políticas de austeridad. Ahora bien, se está dando excesiva importancia a la elección de una persona o de un líder como motivador de cambio. En esta visión de como se realizan los cambios históricos (que erróneamente se interpreta como protagonizada por grandes hombres, y sólo de vez en cuando por algunas grandes mujeres) se considera que la elección de Hollande puede significar el cambio necesario. La historia, sin embargo, no la escriben grandes figuras, sino millones y millones de personas anónimas que con sus movilizaciones fuerzan los cambios. El mismo François Hollande que hace ahora propuestas progresistas, como gravar al 75% las rentas de los millonarios, se había opuesto a ella sólo un año antes, criticando tal medida como “confiscatoria” (tal como la definía también Sarkozy). El hecho de que cambiara se debió a la enorme movilización y agitación de los movimientos sociales, incluyendo, entre otros, los sindicatos, hacia el establishment francés y las instituciones europeas a las que éste servía. De ahí la necesidad de que para que haya cambios en las políticas europeas se realicen movilizaciones que fuercen el rechazo a tales políticas de austeridad que están en la raíz del problema. Sin que estas políticas cambien, no habrá salida de la recesión. La experiencia histórica así lo demuestra.

Pleno del Senado, 8 de mayo de 2012.

Señorías.

Los 4 meses de gobierno de Mariano Rajoy nos empiezan a dejar claras una serie de cuestiones.

- Es un gobierno predecible. Todo lo que niega que va a hacer acaba realizándolo. El programa de gobierno del PP y sus compromisos electorales han servido para lo que han servido, ganar las elecciones e incumplirlos inmediatamente.

- Es un gobierno que solo hace que improvisar, eso si, siempre desde una lógica neoliberal. Sus respuestas a la crisis no solo no la resuelven sino que están empeorando la grave situación económica y social que padecemos.

- Es un gobierno que ha tirado la toalla en la lucha contra el paro. En el “Programa de estabilidad y Programa Nacional de reformas 2012”, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril y entregado ala Comisión Europea, el gobierno hace una previsión de tasa de paro que va del 21’65 registrado el 2011 a una estimación del 22’3% para el 2015. Con puntas superiores al 24% para los años 2012 y 2013. Ustedes, señorías del PP, estiman que terminarán su mandato con un 0’7% de paro superior al heredado.

- Los ciudadanos empiezan a darse cuenta de que Rajoy no es la solución y si un problema más, que agravala crisis. Estoexplica que estén perdiendo 1% de intención de voto, por mes de gobierno. Calculen, ustedes mismos, senadores del PP, hasta cuando podrán aguantar esta situación.

Lo más patético del debate sobre la reforma laboral es el gran argumento que utiliza el PP para justificarla. Ustedes afirman, sin ningún rubor, que con esta reforma cuando haya crecimiento se creara empleo, ¡bravo! Después de tantos años haciendo política y de tantos libros leídos, ahora me entero que con crecimiento se crea empleo. Me atrevo afirmar que con recesión se destruye. Ustedes, senadores y senadoras del PP, puestos a defender a su gobierno tienen el derecho a exigir argumentos más serios para defender, si es que pueden, esta reforma y no a columpiarse repitiendo verdades de Perogrullo. Su problema es, y la experiencia lo avala, que si se crece se crea empleo ya sea con esta reforma o sin reforma, de la misma manera que si hay recesión se destruye empleo con esta reforma o sin reforma. Una vez han teorizado lo evidente y profetizado la obviedad, les invito a entrar al debate, real y serio, sobre que es lo que aporta esta reforma a nuestra economía en crisis y al mercado de trabajo español caracterizado por el paro y la temporalidad.

Ustedes afirman que la principal prioridad de este Gobierno es el derecho al trabajo. La pregunta es ¿qué entienden ustedes por derecho al trabajo?, si como en el siglo XIX o como en el siglo XXI. Si estamos hablando de un trabajo con derechos, de calidad, estable y regulado, o de un trabajo de baja calidad, precario, desreglado y sin derechos. Esta es la primera pregunta cuando ustedes hablan del derecho al trabajo.

Afirman también que esta reforma va a reducir el número de parados. Si no hay estímulos económicos –y, hoy por hoy, no han hecho ni una propuesta-, si no hay relanzamiento de la economía, ni con esta reforma, ni sin ella habrá creación de empleo. Esto es evidente, es discutir sobre lo evidente.

Dicen ustedes –ahora ya nos hablan de alargar los plazos, antes era de efectos inmediatos- que esta reforma va a ser efectiva a medio y largo plazo. Señorías, en el cuarto año de crisis hablar de medio y largo plazo es un fracaso. Ustedes tienen que hacer propuestas ya que nos permitan crear empleo y avanzar en una situación tan grave.

Aseveran que con esta reforma laboral se va a reducir el número de despidos improcedentes, situado en el 70%. ¿Qué hacen para ello? Modifican los criterios de despidos para hacerlos más fáciles, con lo cual todos son procedentes; así de sencillo.

Y nos dicen que van a reducir la temporalidad. ¿Qué hacen para ello? Precarizar el trabajo estable.

Esta reforma, a la que mi grupo parlamentario se opone frontalmente, tiene dos principales defectos:

El primero es, que esta reforma, en momentos de una recesión como la actual, ¿qué es lo que realmente garantiza? El despido más barato, más fácil, permite la reducción de salarios, modifica las condiciones de trabajo, condiciona la negociación colectiva y quiebra la interlocución sindical. Esto es lo que ustedes ofrecen a los empresarios en un momento de recesión, y es injusto, porque representa una sobrecarga más para los trabajadores y las trabajadoras que son los principales “paganos” de los efectos de la crisis.

En segundo lugar, para cuando llegue el momento de crecimiento económico, ¿qué es lo que ustedes ofrecerán como señuelo para la inversión o como apuesta por la competitividad? Ofrecerán un mercado de trabajo caracterizado por costes laborales bajos, desreglado, sin derechos, sin capacidad de negociación colectiva y sin la molesta intervención de los sindicatos.

Nosotros creemos sinceramente que un mercado laboral de baja calidad no puede ser la oferta que España plantee en el siglo XXI para su relanzamiento económico. Necesitamos una economía de las capacidades y eso exige trabajo de calidad, estable, regulado y con derechos. Por estas dos principales razones, creo que esta reforma laboral es injusta socialmente así como obsoleta y anticuada sobre lo que debería ser la real apuesta hacia una economía de calidad y hacia un nuevo modelo productivo

Por todo ello, mi grupo parlamentario, señorías del PP, va a votar afirmativamente la moción presentada por el Grupo Socialista. Y me atrevería a aconsejarles, señorías del PP, y aun más después de leer los cuadros macroeconómicos que ustedes mismos presentan, que recordaran que mayoría absoluta no quiere decir tener razón absoluta y que muestren un poco de humildad porque las cosas les pintan mal y este Gobierno tiene suficiente crisis y está cometiendo suficientes errores para que esta crisis se lo lleve por delante.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 14 de mayo de 2012

Este artículo señala la ignorancia del señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ignorancia muy generalizada en las culturas catalana y española, sobre las profundas simpatías fascistas del pintor Dalí. El señor Draghi, en la visita del Banco Central Europeo a Barcelona, y a fin de congraciarse con el establishment catalán, se refirió al pintor Dalí como  una inspiración de la Europa que se estaba construyendo. En realidad, las políticas promovidas por el BCE están estimulando el crecimiento del fascismo en Europa, con lo cual, paradójicamente, el señor Draghi está contribuyendo al desarrollo del proyecto al cual Dalí prestó gran apoyo. Es de suponer que las declaraciones del señor Draghi corresponden más a la ignorancia que a su deseo, aunque sus políticas puedan llevar al mismo fin que el deseado por Dalí.

El Presidente del Banco Central Europeo (BCE), el Sr. Mario Draghi, en su estancia en Barcelona durante la reunión del Consejo Director de tal Banco en esta ciudad, hizo unas declaraciones para congraciarse con Catalunya, refiriéndose a Dalí como inspirador de la Europa que se estaba estableciendo en nuestro continente. Y la prensa de mayor difusión en Catalunya (la gran mayoría de persuasión conservadora), por lo visto halagada por tal declaración, publicó tales declaraciones con un implícito aplauso.

Tengo que asumir que la observación del Sr. Draghi sobre Dalí era fruto de la ignorancia, pues en caso contrario sus declaraciones serían enormemente alarmantes. Dalí era un defensor a ultranza del fascismo español. Aunque tales simpatías fascistas de Dalí son conocidas en aquellos círculos artísticos que gozan de credibilidad por su rigor (ver la excelente biografía de este pintor escrita por Ian Gibson, The Shameful Life of Salvador Dali. Faber and Faber, 1997), son prácticamente desconocidas por la mayoría del público en general. Las fuerzas conservadoras que dominan la mayoría de los grandes medios de información en España han silenciado tal dimensión de Dalí. Su conocida relación con la dictadura existente en España se trivializa atribuyendo su proximidad al dictador con su deseo de evitar pagar impuestos y ocultar su gran patrimonio, práctica generalizada, incluso hoy en día, por la burguesía catalana. Según esta versión, Dalí intentaba estar en buenos términos con el poder a fin de evitar al fisco del Estado español. Y puesto que todos los ricos lo hacían, no había nada reprochable sobre Dalí.

Pero su identificación con la dictadura fue mucho más intensa y profunda de lo que se transmite en los medios. Dalí nunca ayudó al gobierno republicano durante o después del golpe militar fascista. Como señala Ian Gibson, Dalí escribió positivamente sobre José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el partido fascista español. Y utilizó en sus discursos la narrativa fascista, atribuyéndole a España una misión imperialista, inspiradora de una nueva civilización. Apoyó la alianza de Franco con Hitler y Mussolini en contra de los aliados, compartiendo una admiración hacia tales figuras como freno al bolchevismo internacional. Profundamente antisemita, alabó la función histórica del cristianismo, señalando que todo arte debería basarse en tal religión. Próximo a la Iglesia católica española de claras simpatías fascistas, y al Vaticano de Pio XII, Dalí defendió al dictador frente a la critica y desprecio expresado hacia tal figura por la mayoría de la comunidad artística internacional, convirtiéndose en su máximo defensor, defensa que alcanzó niveles auténticamente nauseabundos cuando, meses antes de su muerte, el dictador firmó la sentencia de muerte de cinco prisioneros políticos, miembros de la resistencia antifascista. Dalí defendió y aplaudió la ejecución de estos cinco antifascistas, indicando que en realidad, Franco (al cual definió en aquel momento como uno de los grandes españoles que siempre hayan existido) tenía que haber fusilado a muchos más. El profesor Malefakis, de la Columbia University de Nueva York, y experto en fascismo en Europa, ha documentado el grado de crueldad de aquel régimen, subrayando que por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil. Aquel dictador fue el español que ha asesinado a más españoles (y a más demócratas) en la historia de España. No es de extrañar, por lo tanto, que Dalí, al final de la dictadura, huyera de España. Era consciente de que las fuerzas democráticas le habían fichado. Incluso se había descubierto una bomba bajo su asiento en el restaurante que solía visitar.

Es de suponer que Draghi, el Presidente del Banco Central Europeo, no era consciente de estos hechos y compartiera la idealización de Dalí que existe también en nuestro país. (Hace sólo unos meses, el mayor teatro de Barcelona –el Liceo- dedicó toda una ópera a su figura, y Cadaqués, donde veranea la burguesía catalana, tiene una estatua de Dalí en el centro de la Plaza Mayor de aquella población). Para corregir su ignorancia, le he enviado al Sr. Draghi el libro de Ian Gibson sobre Dalí. Sería de desear que se lo leyera porque las políticas que el BCE está imponiendo (y digo imponiendo porque ninguna de las políticas de austeridad que los gobiernos, incluyendo el español, están llevando a cabo respondiendo a la presión del BCE, constaba en ningún programa electoral) están estimulando la aparición del fascismo en la Unión Europea. La dureza de sus políticas de austeridad y su hostilidad hacia la clase trabajadora, con su énfasis en bajar los salarios y eliminar su protección social (en una entrevista al Wall Street Journal, el Sr. Draghi dijo que el modelo social en Europa había terminado. (Ver mi artículo “Lo que el Sr. Draghi y el Banco Central Europeo entienden por estimular la economía”. Sistema Digital. 10.05.12), está contribuyendo a crear el tipo de Europa que Dalí deseaba y admiraba. La enorme desesperanza y dolor que tales políticas están creando ha generado una hostilidad hacia los establishments europeos, incluido el sistema financiero liderado por el BCE, que, de no canalizarse a través de las fuerzas progresistas y democráticas, pueden desembocar en un fascismo del cual el BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (los mayores investigadores de tales políticas) serán responsables. El caso de Francia es sólo un ejemplo.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 11 de mayo de 2012

Este artículo muestra que lo que el Banco Central Europeo y su presidente entienden por estimular la economía (que se centra en reformas del mercado laboral que tienen como objetivo bajar los salarios y la disminución de la protección social y del gasto público) empeorará en lugar de facilitar el crecimiento económico.

El Presidente del Banco Central Europeo (BCE), el señor Mario Draghi, en su reciente presentación al Parlamento Europeo, reconoció la necesidad de que a las políticas de austeridad (que repitió eran necesarias) se debían añadir políticas de estímulo de crecimiento económico, lo cual dio lugar a una interpretación generalizada en los mayores medios de información que presentaron a tal autoridad bancaria como sensible a la llamada del que era entonces candidato socialista a la Presidencia de Francia, el señor. François Hollande, para estimular la economía y facilitar el crecimiento económico. De pronto los cinco rotativos más importantes del país escribieron editoriales citando lo que ellos consideraron como un cambio muy importante de la máxima autoridad del BCE, sorprendidos por lo que consideraron era una nota de apoyo a la llamada a estimular la economía.

Pero, por lo visto, no leyeron el resto de la presentación del señor Draghi, ni tampoco parecen familiarizados con las tesis de tal señor. En realidad, tal banquero no se ha movido ni un centímetro de su posicionamiento, apoyando políticas que han sido responsables de la Gran Recesión en la Unión Europea. El señor Mario Draghi, dirigente durante muchos años de la banca Goldman Sachs, siempre ha indicado la necesidad de estimular la economía mediante el aumento de la competitividad, que se conseguirá –según él- “flexibilizando el mercado de trabajo”, el código que el mundo empresarial, incluido el bancario, utiliza para definir el proceso por el cual el empresario puede despedir mas fácilmente al trabajador. Esto es lo que el señor Draghi está recomendando para que la economía crezca.

El problema de tal postura es que toda la evidencia –repito, toda la evidencia- existente en la literatura científica muestra que sus medidas ralentizarán el crecimiento económico en lugar de estimularlo. Flexibilizar el mercado de trabajo quiere decir en lenguaje normal y corriente abaratar los salarios. Éste es el objetivo de las sucesivas reformas laborales. Y lo están consiguiendo. Tanto la masa salarial como el nivel salarial están cayendo en picado. Las reformas del Gobierno español del PP están acentuando la destrucción de puestos de trabajo, con el consiguiente aumento del desempleo y descenso salarial. Y no hay ni un ápice de dudas de que los arquitectos de estas reformas eran plenamente conscientes de que esto era lo que deseaban, y lo que están consiguiendo. No descarto que algunos de los economistas del BCE y del Banco de España, así como de Fedea (la fundación financiada por intereses bancarios y de grandes empresas), fervientes creyentes del dogma neoliberal, se crean que despidiendo a los trabajadores facilitan el crecimiento económico. Pero dudo que el señor Draghi se lo crea. La evidencia es demasiado robusta para ignorarla. La bajada de los salarios creará un descenso de la demanda y con ello un descenso del crecimiento económico y el consiguiente bajón de los ingresos al Estado y un aumento del déficit. Esto es lo que ha pasado en Grecia, Portugal, Irlanda y ahora en España.

Y para reducir el déficit cortan el gasto público, que disminuye también la demanda y así se reproduce el ciclo suicida que está ocurriendo. Y el señor Draghi lo sabe. No hay duda de ello ¿Y por qué lo hace? El Presidente del BCE es un banquero que representa los intereses de los banqueros para los cuales el mayor enemigo es la inflación. Y sacrifica todo –repito, todo- para conseguir lo que la banca desea. Pero hay otro objetivo de la crisis que sus políticas están mostrando. Y este objetivo es la eliminación del Estado del Bienestar con su privatización, desde las pensiones a la sanidad pública, pues el capital financiero desea echarle mano a las fuentes de capital más importantes en los países de la Eurozona, como son la Seguridad Social y los sistemas de protección social. Si creen que esta interpretación es paranoica o conspiracional, les ruego que se lean los propios discursos de tal señor. Fue este banquero el que dijo que “el modelo social europeo está desapareciendo”, en una entrevista al ‘Wall Street Journal’ (24.02.12), observación que hizo con aprobación. No podía haberse expresado mejor. Cito directamente su respuesta, traduciendo literalmente del original en inglés. “El Estado social europeo está ya desapareciendo. En un país donde los jóvenes tienen un desempleo de un 50%, como en España, la protección social ya ha desaparecido….. El objetivo de crear una situación de ‘shock’ es forzar que los países hagan las necesarias reformas, como la reforma laboral, que permita resolver sus problemas” (lo que no aclara el señor Mario Draghi es los problemas de quién). Más claro el agua. La supuesta crisis creada en gran parte por el capital financiero tiene por objetivo conseguir lo que siempre han deseado: el fin de la Europa y de la España social.

Artículo de Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 10 de mayo de 2012

Este artículo analiza el programa electoral del nuevo presidente de Francia, François Hollande, específicamente sus políticas económicas y fiscales, señalando que, aun conteniendo políticas muy positivas, en su totalidad, no tendrán el efecto deseado de salir de la enorme recesión que Francia y Europa están experimentando.

Antes que nada quiero subrayar que estoy contentísimo de que François Hollande ganara las elecciones en Francia. Abre una serie de posibilidades que estaban cerradas hasta ahora. Y hay muchas propuestas de su programa que son positivas, e incluso algunas muy positivas. Ahora bien, me apena constatar que la puesta en marcha de todas ellas no será suficiente para salir de la crisis. Y ello se debe a que la economía europea no se recuperará a no ser que las políticas de austeridad que se están imponiendo en la Unión Europea (UE) se eliminen. Y Hollande no se ha comprometido a eliminarlas. A lo que sí se ha comprometido es en complementarlas con políticas de crecimiento. En otras palabras, la tesis que Hollande sostiene es que las políticas de austeridad que se están siguiendo son necesarias pero insuficientes. Según él, se deben establecer unas políticas de estímulo del crecimiento que permitan a la UE salir de la crisis. Pero el mayor problema que tiene la Unión Europea, incluyendo Francia y España, es que la principal causa hoy de la crisis y la recesión son precisamente las políticas de austeridad, dictadas por el Pacto de Estabilidad. François Hollande no ha mencionado que vaya a eliminar o modificar el Pacto de Estabilidad, que es la ley que fuerza hoy las políticas de austeridad en los países de la UE.

En realidad, el Pacto Fiscal (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the European Economic and Monetary Union –en castellano, Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y gobierno en la Unión Económica y Monetaria Europea) promovido por la canciller Merkel de Alemania todavía no se ha aplicado a ningún país de la UE. Tal pacto lleva a extremos las políticas de austeridad. Exige, por ejemplo, que los déficits estructurales de los Estados de los países miembros no sean mayores de un 0,5% del PIB (el Pacto de Estabilidad exige que no sean mayores de un 3%) en caso de que su deuda pública sea mayor del 60% del PIB (permitiendo que sea un 1% en caso de que sea menor del 60% del PIB). Se penalizará a aquellos países que no cumplan, con sanciones equivalentes a un 0,1% del PIB. Se remarca también en aquel pacto que aquellos países con deuda pública mayor del 60% tendrán que reducir cada año una cantidad equivalente a la veinteava parte de la diferencia entre la deuda existente y el 60% del PIB. (Véase Sebastian Dullien “Reinventing Europe: Explaining the Fiscal Compact”, Social Europe Journal 01.05.12). Hollande aprueba esta ley, siempre y cuando se apruebe una nueva ley que estimule la economía. Pero el problema con este enfoque es que el hecho de que España tenga que reducir su déficit de un 8% del PIB a un 3% del PIB en dos años (una reducción del 5% del PIB) no se debe al Pacto Fiscal, sino al Pacto de Estabilidad sobre el cual Hollande no ha dicho nada. Permítanme que me expanda.

La ingeniería monetaria y fiscal de la Unión Europea se basa en dos pilares. Uno, la Ley de Estabilidad que imposibilita a los Estados poder recuperarse en tiempo de crisis, como lo muestra la situación actual. Es más, su incapacidad de diferenciación entre gasto ordinario y gasto en inversiones, poniendo todo el gasto público dentro del límite de gasto permitido (el 3% del PIB) destruye la creación del futuro, pues no permite la inversión con la que se podría aumentar la producción y crecimiento económico en el futuro. No permitirle a un país que invierta en educación, en I+D, en infraestructura física y social, es condenarle a un continuo subdesarrollo social y económico. Y esto es lo que fuerza el Pacto de Estabilidad a los países ahora en estos momentos. Ahora bien, el Pacto Fiscal, que todavía no se ha aprobado, va más allá y quiere eliminar en la práctica el déficit público. Pero la austeridad que estamos sufriendo viene de aplicar el Pacto de Estabilidad, no el Pacto Fiscal, que repito, todavía no está vigente.

Y el segundo pilar de la austeridad impuesta a los países es la manera como se estableció el Banco Central Europeo (BCE), un banco que, en realidad, no es un banco central, sino un lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana. Hollande no hace ninguna propuesta de cambio de este Banco. Habla de creación de eurobonos para utilizarlos para proyectos de infraestructura a nivel europeo, lo cual me parece bien (aunque las cantidades que se manejan son muy limitadas). Pero no propone eurobonos que europeícen la deuda pública de los Estados, lo cual es fundamental para eliminar los elevados intereses de la deuda pública, previniendo la especulación de los mercados financieros.

A no ser que estos dos pilares que reflejan el dominio del pensamiento neoliberal en el diseño de la UE se cambien, Europa no se recuperará. Lo máximo que ocurrirá es que la palabra crecimiento se añadirá al término Pacto Fiscal, tal como ocurrió resultado de la presión del gobierno socialista Jospin, cuando se añadió tal término al título del Pacto de Estabilidad, sin que se ofrecieran los medios para que ocurriera tal crecimiento.

Dos últimas observaciones. La primera es repetir que quisiera que no se interpretaran mis notas críticas del plan Hollande como señal de desaprobación o desencanto con su elección. Antes al contrario, celebro, y mucho, su elección. Pero la experiencia europea muestra que, a no ser que vaya más allá y cuestione los dos pilares sobre los cuales se basa el edificio neoliberal que se llama la UE, la recuperación económica no ocurrirá, creando con ello el peligro que la enorme y justa indignación que las clases populares están desarrollando frente al establishment europeo y sus políticas de austeridad, se canalicen en el futuro, no a través de las izquierdas, sino a través de la ultraderecha. Que esto pueda ocurrir lo estamos viendo ya en la propia Francia.

La otra observación es que François Hollande irá más allá de lo que ha propuesto, moviéndose a la izquierda., sólo en caso de que haya movilizaciones que le presionen en esta dirección. No olvidemos que, como señalé en otro artículo (¿Cambios en la socialdemocracia francesa, y en la española? Sistema Digital 12.04.12), François Hollande había criticado muchas de las políticas que ahora ha adoptado (tal como la gravación con un 75% a los ingresos por encima de un millón de euros al año, habiendo llamado tal incremento un año antes, un “incremento confiscatorio”), lo cual se debió a la presión de los movimientos sociales y partidos a su izquierda. Es un buen indicador de esta posibilidad que el Frente de Izquierdas, definido predeciblemente por el corresponsal de El País en Francia, como “extremista”, alcanzara un considerable nivel de apoyo que, junto con amplios sectores dentro del partido socialista, más a la izquierda que el propio François Hollande, pueda ejercer la presión popular para que vaya desarrollando aquellas propuestas que la realidad en sí le forzará a tomar, a fin de conseguir sus objetivos: salir de la crisis.

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Una vella reivindicació, a casa nostra, és el reclam d’autovies gratuïtes a Catalunya. Durant molts anys, a mesura que s’anaven construint autovies per tota Espanya, moltes d’elles de difícil justificació pels baixos volums de trànsit que suporten, a Catalunya s’incrementaven els kilòmetres d’autopistes de peatge, provocant un encariment dels nostres desplaçaments i un greuge comparatiu amb la resta d’Espanya.
La culpa? Resposta fàcil; del govern de l’estat. Sense treure cap responsabilitat als diferents governs socialistes o populars que han manat a Madrid, no podem ignorar una crua realitat. A Catalunya tenim tantes autopistes i tan poques autovies pel simple fet de que els titulars dels peatges són catalans: Abertis, o sigui La Caixa. I per la simple raó que la defensa dels interessos d’Abertis/Caixa ha estat sempre una prioritat de CiU. Valgui com exemple l’ampliació de les concessions fetes per Artur Mas el 2003, quan el seu govern ja estava en funcions.

Reivindicar peatges gratuïts, i més ara després de tan temps d’explotar i rendibilitzar les concessionàries les  autopistes, és legítim, però més que una reivindicació soberanista és un conflicte català. Un conflicte  amb aquells que la seva prioritat és defensar els interessos d’unes empreses per sobre dels interessos de la majoria, és a dir CiU.
Aquella CiU en tants moments decisiva en la política espanyola, mai se li va passar pel cap reivindicar autovies, només cal veure el temps que va costar fer la A-2.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 26 de abril de 2012

Este artículo muestra que ha habido en la mayoría de países de América Latina, una ruptura con el neoliberalismo, que no se ha dado todavía en la Unión Europea, ruptura que ha beneficiado el bienestar y calidad de vida de las clases populares. El artículo analiza la situación en Argentina, incluyendo la ruptura de la paridad peso-dólar y la nacionalización de la industria petrolífera, como muestra de ello.

El pensamiento neoliberal y la aplicación de sus políticas han dañado durante muchos años el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Unión Europea, incluyendo España. La desregulación de los mercados laborales y de los mercados financieros, la privatización de los sectores claves de la economía, la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social, y la dilución de la protección social han sido las constantes en las políticas promovidas en la Unión Europea por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea, por el Consejo Europeo, y al otro lado del Atlántico por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Tal pensamiento también dominó América Latina durante muchos años cuando, país tras país, se vio la imposición de tales políticas que causaron un gran malestar y agitación social entre sus clases populares, lo cual explica las represiones que los gobiernos de aquel continente tuvieron que realizar para imponerlas. El caso de Chile bajo el General Pinochet fue el caso más extremo, pero no fue el único. Toda una retahíla de gobiernos, algunos dictatoriales, otros escasamente democráticos, de cariz autoritario, impusieron tales políticas a un coste humano y económico elevadísimo. El Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington ha comparado indicadores económicos y sociales de América Latina antes y después de aquella época y la comparación es claramente negativa para la época neoliberal (caracterizada por un menor protagonismo del Estado), y no sólo en relación a su crecimiento económico, sino también en el crecimiento del Estado del Bienestar y de la protección social. (ver Navarro, V. Los “malos” gobiernos populistas latinoamericanos, 20 de enero de 2012 en www.vnavarro.org).

Ahora bien, aunque estas políticas neoliberales continúan siendo las dominantes en la Unión Europea, no es así en América Latina donde, con la excepción de Colombia (el país del mundo que tiene mayor número de asesinatos de sindicalistas) y algún otro país, pocos, tales políticas han dejado de dominar sus vidas económicas y sociales. Una de las primeras rupturas con el neoliberalismo fue el gobierno de Argentina que, en 2001, rompió la paridad que la moneda argentina tenía con el dólar. Aunque Argentina tenía moneda propia, el peso, en la práctica la fijación de tal moneda con el dólar estadounidense implicaba que no tenía potestad para cambiar su valor, perdiendo con ello uno de los instrumentos más importantes para estimular la economía, mediante la devaluación de la moneda. Tal fijación peso-dólar había conducido a Argentina (durante el periodo 1998-2001) a tener la mayor recesión conocida en su historia. Fue en aquel periodo, durante los gobiernos del neoliberal y corrupto Menem y de Fernando de la Rúa, cuando el Ministro de Economía argentino indicó con toda franqueza que el éxito de su política económica dependería más del Ministerio del Interior (encargado de la Represión) que del de Economía. Pero la ciudadanía no aguantó. El resultado fue que el gobierno Argentino rompió la paridad de su moneda con el dólar, desoyendo así la voz del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado su “ayuda” a tal fijación del peso argentino al dólar. Lo que Argentina hizo sería comparable a que España dejara el euro.

Como era de esperar, la reacción unánime del FMI, del Banco Mundial, de los establishments europeos y del gobierno federal de EEUU, fue de condena, señalando que tal medida sería un desastre para Argentina. La devaluación de la moneda significaría, según tales establishments, que el valor de la deuda pública argentina sería menor, pagándose a los acreedores menos de lo que estos esperaban. De ahí que concluyeran que a Argentina le sería imposible pedir dinero prestado de los mercados financieros, colapsando con ello su economía. Pues bien, todos aquellos establishments erraron en sus pronósticos. A partir de entonces, Argentina creció enormemente (fue el país que creció más rápidamente en Latinoamérica), reduciendo la pobreza, incluyendo la pobreza extrema y aumentando tres veces su gasto público social durante el periodo 2001-2010. No sorprendentemente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner –odiada por los neoliberales- fue reelegida en las últimas elecciones legislativas por un 54% de votos.

La nacionalización de la compañía petrolera argentina

Pero este proceso de ruptura con el neoliberalismo en Argentina ha continuado con la nacionalización de la compañía petrolera YPF, la cual había sido privatizada durante el periodo neoliberal del gobierno Menem, cuando Repsol, la compañía petrolífera española, pasó a tener el 57% de sus acciones. Con tal nacionalización, el gobierno argentino pasará a tener el 52%, controlando tal compañía. Como era de esperar, el gobierno de España, las élites que dirigen la Unión Europea y el FMI, los paladines del neoliberalismo, han condenado tal medida, augurando un desastre para Argentina. Una voz histriónica en este sentido ha sido predeciblemente la del Sr. Xavier Sala i Martín, “Repsol és només el principi” (“Repsol es sólo el principio”), La Vanguardia (23.04.12). El argumento que utilizan es que Argentina no encontrará instituciones que le presten dinero ni experiencia técnica para expandir la producción del petróleo en aquel país. Lo mismo se dijo, por cierto, cuando el presidente Hugo Chávez nacionalizó una serie de compañías extranjeras (cemento, acero y otros sectores), incluyendo algunas de EEUU; y cuando el presidente Morales de Bolivia nacionalizó las compañías del petróleo y producción de gas, telecomunicaciones y electricidad; y cuando el presidente Rafael Correa del Ecuador, nacionalizó las compañías de distribución del plátano. Pues bien, ninguno de los vaticinios de desastre se ha cumplido. Uno de los vaticinadores fue Moisés Naím, colaborador de El País y que fue en su día miembro del equipo económico del presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, que promovió el neoliberalismo en aquel país, y que ahora concluye que tales medidas en Argentina llevarán a la ruina del país (“Cristina, Petróleo y Psicoanálisis”, El País. 21.04.12). Según Moisés Naím, que considera Colombia como el modelo a seguir para América Latina, la nacionalización caracteriza a los países con economías mediocres. Una postura casi idéntica aparece en el citado artículo de Sala i Martín. Moisés Naím y Sala i Martín, para llegar a sus conclusiones, deliberadamente ignoran algunos hechos. La gran mayoría de países productores de petróleo tienen empresas públicas (no empresas privadas) que controlan la producción de tal material, Rusia, Noruega, Venezuela, Méjico, Gran Bretaña y Arabia Saudí, entre otros, tienen nacionalizadas sus compañías energéticas. En realidad, Argentina era de las pocas excepciones. Referente a la intrínseca ineficacia que Sala i Martín atribuye a las empresas nacionalizadas, baste ver el éxito de Noruega, donde la empresa pública petrolífera ha garantizado el nivel de vida y calidad de vida de aquel país.

En cuanto a la falta de inversión extranjera, hay que atenuar, tal como acentúa Mark Weisbrot, co-director del CEPR-este fetichismo acerca de la inversión extranjera. Uno de los países con mayor crecimiento en el mundo del subdesarrollo, Corea del Sur, lo hizo sin apenas tener inversión extranjera. El otro hecho, ignorado por los economistas neoliberales, es que la producción de petróleo en Argentina había bajado, creando un grave problema del 2004 al 2011; la producción del petróleo descendió un 20% debido en parte a la escasa inversión por parte de Repsol. Consecuencia de ello es que Argentina en 2011 tuvo que importar petróleo por primera vez en su pasado reciente. De ahí que el gobierno Kirchner decidiera cambiar la situación y tomar control de la compañía petrolífera.

Una última observación. El gobierno Rajoy está intentando movilizar los sentimientos patrióticos acusando al gobierno argentino de atacar a España. El error en este argumento es que la mayoría del capital de Repsol no es español. En realidad, la única vez que fue español fue cuando estaba nacionalizado. Fue cuando el gobierno del PP lo privatizó cuando perdió su nacionalidad española. Intentar movilizarse para defenderla es ignorar quién es hoy Repsol, una compañía (como Endesa, otra empresa privatizada por el PP) que se caracteriza por su insensibilidad hacia el usuario español. Como siempre hacen los nacionalistas, el PP está manejando la bandera para defender, no los intereses generales, sino los muy particulares En realidad, la nula sensibilidad patriótica de Repsol se expresa en una de las empresas del IBEX 35 que utiliza más los paraísos fiscales, a fin de evitar pagar impuestos al Estado español, como bien ha señalado Juan Torres en su artículo “¿Argentina es quién perjudica a España?” ¡De patriota, Repsol, nada!

Artículo publicado en EL PLURAL, por Vicenç Navarro. 23 de abril de 2012.

Este artículo señala que la polarización de las rentas representa un problema grave en la economía debido a la escasez de demanda que determina. El artículo señala la necesidad de políticas redistributivas que, basadas en la intervención del estado en la creación de empleo, faciliten el incremento de la demanda y con ello el estimulo de la economía.

Nunca antes, durante el periodo democrático, habíamos visto una mayor distancia entre la opinión dominante de los establishments políticos, económicos y financieros del país (reproducida en la sabiduría convencional promovida por los medios de mayor difusión, bien radiotelevisivos, bien escritos –los grandes rotativos-) y la existente entre la gran mayoría de la población. Esta distancia está creando un enorme problema de legitimidad para las instituciones políticas representativas, pues la mayoría de la ciudadanía considera que las políticas llevadas a cabo por tales instituciones no responden a sus intereses, expresando, por lo tanto, su desacuerdo. Así, según la última encuesta Metroscopia para El País, la gran mayoría (el 73%) rechaza la reducción de las prestaciones sanitarias, incluyendo los recortes de gasto sanitario (este porcentaje incluye también el 58% de los votantes del partido gobernante, el PP). Otras encuestas señalan también la oposición a los recortes de las transferencias y otros servicios públicos del Estado del Bienestar, así como a elementos importantes de la reforma laboral, incluyendo la facilidad del despido y el sesgo pro empresarial de la reforma. También muestran animosidad hacia la política de desahucios llevados a cabo por la banca. En cada una de estas políticas públicas la opinión de la sabiduría convencional del establishment político y mediático ha sido favorable a su implementación y desarrollo, contrastando tal actitud con la actividad claramente desfavorable hacia ellas por parte de la mayoría de la población. En realidad, este contraste alcanza niveles sorprendentes cuando la mayoría de la población (con mayorías incluso entre los votantes del PP) apoya medidas como el establecimiento de bancas públicas (el 52% de la población está a favor mucho o bastante, contra el 27% que está poco o nada a favor. Entre los votantes del PP -según la última encuesta Metroscopia para El País-, el 46% está a favor y el 31% en contra -), que casi nunca se han discutido ni en los mayores medios de difusión ni en los forums de mayor incidencia en las instituciones representativas, como en las Cortes Españolas.
Todos estos datos señalan la existencia de circuitos alternativos a los del establishment político y mediático, que contribuyen a desmitificar la sabiduría convencional promovida por tales establishments. Tales circuitos presentan alternativas que apenas se han discutido en aquellos forums del establishment. Aparecen así dos Españas: una, la España del establishment que está perdiendo credibilidad y legitimidad, y otra España alternativa, todavía poco configurada, que se moviliza en protesta, en la que los movimientos sociales –como el 15-M- y los sindicatos juegan un papel clave. Estos movimientos son frecuentemente presentados maliciosamente por los órganos del establishment como anti-sistema o anti-sociedad, asumiendo erróneamente que ellos mismos –los establishments- son los que representan a la sociedad, identificando sistema económico y sociedad como conceptos idénticos. En realidad, es el establishment el que está desacreditando y deslegitimando la democracia española, pues su comportamiento, imponiendo unas políticas públicas que no estaban presentes en los programas electorales de los partidos gobernantes, está destruyendo la legitimidad de tales instituciones. De ahí que sean los movimientos sociales y los sindicatos los que son movimientos auténticamente prodemocráticas que desean terminar con la instrumentalización de las instituciones democráticas (que los sindicatos y movimientos sociales, de hecho, jugaron un papel clave en su establecimiento) actualmente subordinadas a los intereses financieros y económicos a los cuales nadie ha elegido. Es el establishment el que es antidemocrático y anti-sistema, habiendo usurpado un poder que no les corresponde. No es de extrañar que la figura del gobierno PP más identificada con tales políticas, el Sr. Luis de Guindos, ministro de economía, sea el ministro peor valorado del gobierno ¿Con qué legitimidad democrática puede el Sr. Luis de Guindos ir proponiendo e implementando políticas tan impopulares que no fueron aprobadas en ningún comicio electoral y que gozan de tan poca confianza entre la población?

Ni que decir tiene que el establishment es plenamente consciente de sus enormes vulnerabilidades y de ahí su deseo de atemorizar a la población con la reducción de libertades civiles y políticas, criminalizando la resistencia pasiva, identificándola como violencia. En realidad, desde Martin Luther King hasta Gandhi, la experiencia histórica muestra que es precisamente tal resistencia pasiva la alternativa a la violencia, la cual se está deliberadamente estimulando con las medidas represivas y reducción de libertades cívicas a fin de desacreditar tales movimientos. La violencia, tanto la de los elementos descontrolados, como por parte del Estado, es profundamente reaccionaria, y sirve al propósito de mantener un sistema cuya representatividad y legitimidad se está reduciendo rápidamente.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 20 de abril de 2012

Este artículo señala que la concentración de las rentas en sectores minoritarios de la población crea un problema grave de demanda que debería resolverse con políticas fiscales que transfirieran fondos de tales sectores a la población con menos recursos, mediante la creación de empleo, estimulando la economía.

Uno de los argumentos que se reproducen con mayor insistencia en los mayores círculos financieros, económicos, mediáticos y políticos del país, es que aumentar los impuestos en momentos de recesión no es aconsejable, pues disminuye la capacidad adquisitiva de la población, y con ello disminuye la demanda, elemento esencial para estimular la economía y ahuyentarla de la recesión. Este argumento se ha utilizado por todos los gobiernos que han tenido que enfrentarse en España a la recesión.

Lo que este argumento ignora es que no todos los impuestos son iguales y no toda la población responde de la misma manera a la bajada o subida de impuestos. Y este argumento también ignora que el Estado puede gastarse el dinero, adquirido al aumentar los impuestos, en actividades que estimulen la demanda de una manera más directa de lo que pueden hacerlo algunos sectores de la población que tienen elevadas rentas y su propensión al ahorro es mayor que su consumo.

Para entender la importancia de este hecho hay que darse cuenta de que la renta en la sociedad española está muy concentrada. Aunque es siempre muy difícil conseguir información creíble sobre la distribución de la renta y riqueza en España, toda la información objetiva existente muestra que España es uno de los países más desiguales entre los países ricos (es decir, los países miembros de la OCDE). Esta concentración de la renta es un problema económico gravísimo, pues la gente rica consume mucho menos proporcionalmente que el resto de la población. Recordemos que el 64% (según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- del mes de febrero) de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. La gente rica ya tiene tanto que la mayoría de su renta no la consume, sino que la acumula e invierte y deposita en los bancos, lo cual podría ser beneficioso si tal dinero se utilizara para invertir y producir puestos de trabajo. En los últimos años, sin embargo, gran parte de estas inversiones han sido de tipo especulativo, con lo cual se crearon menos buenos puestos de trabajo de lo que el país necesitaba.

El hecho, pues, de que un sector minoritario que goza de grandes rentas no consume mucho, y que la gran mayoría no puede consumir más por carecer de dinero, crea un gran déficit de demanda, que es una de las causas de la Gran Recesión. Lo que el Estado tiene que hacer es transferir fondos de los sectores de la población que no consumen mucho (en términos proporcionales), elevando sus impuestos, para transferir los fondos a los sectores de la población que tienen problemas para poder consumir y mantener su nivel de vida. Una manera de hacerlo es creando puestos de trabajo en los sectores donde hay un enorme déficit de personal, tales como los servicios públicos del Estado del Bienestar. Y ahí radica parte de la necesaria solución. El Estado tiene que gravar las rentas superiores y con el dinero obtenido tiene que crear empleo que estimule la demanda y con ello se estimule la economía. Esto es lo que hizo el presidente Roosevelt en EEUU para salir de la Gran Depresión, y esto es lo que hicieron la mayoría de los gobiernos europeos inmediatamente después de la II Guerra Mundial.

En España, la carga impositiva continúa siendo muy regresiva, a pesar de los cambios realizados por el Gobierno Rajoy que, según la sabiduría convencional, ha subido los impuestos al nivel de Suecia. Como he indicado en otro artículo (“¿Tributamos como los suecos?”, ‘Público’, 02.02.12), esta argumentación ignora el enorme impacto regresivo de las deducciones fiscales que reducen espectacularmente la carga fiscal real. El 10% de la población más rica del país, que tiene casi el 50% de la renta del país, paga mucho menos al Estado de lo que nominalmente debería debido a tales deducciones (sin considerar también el enorme fraude fiscal que se centra en el 1% de la población más rica del país). No es cierto (repito, no es cierto) que la fiscalidad de España sea como la de Suecia, tal como están indicando los medios. En realidad, si España pagara en impuestos el mismo porcentaje del PIB que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más, con lo cual habría dinero más que suficiente para reducir el déficit público y crear cinco millones de puestos de trabajo en los servicios públicos del Estado del Bienestar, alcanzando el porcentaje de adultos que trabajan en tales servicios (como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros) que hoy tiene Suecia: uno de cada cuatro. En España es uno de cada diez, el porcentaje más bajo de la UE-15.

Una última observación. Las políticas que está proponiendo el Gobierno Rajoy para España harán un enorme daño a la economía española, y muy en particular a las clases populares. La evidencia científica de que ello es así es abrumadora. La fe ciega que el banquero Luis de Guindos, hoy Ministro de Economía de España, tiene en el dogma neoliberal, está llevando el país al desastre, pues está reduciendo todavía más la demanda. La ilusión de que esta austeridad recuperará la confianza de los mercados no se basa en una evidencia creíble (ver mi artículo “¿Quién define la confianza de los mercados?”, ‘Público Digital’. 05.04.12). Es el triunfo del dogma sobre la mera evidencia científica abundantemente existente. El fundamentalismo religioso que hizo un enorme daño a las clases populares a lo largo de la historia de España ha sido sustituido por un fundamentalismo económico neoliberal con efectos igualmente negativos. Su promoción se debe a que favorece a las rentas superiores así como a las rentas del capital y a sus instrumentos financieros.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 19 de abril de 2012

Este artículo señala como la alianza entre la banca alemana y la banca española fue determinante para la producción del comportamiento especulativo de esta última, siendo ello una de las causas más importantes de la crisis financiera en Europa.

La gran debilidad del argumento neoliberal, que asume que el mayor problema de la economía española es el déficit y la deuda pública del Estado español, es que los datos, fácilmente accesibles, muestran su insostenibilidad. Cuando la crisis empezó en España, el Estado español no tenía déficit. Antes al contrario, tenía un superávit, mayor, por cierto, que el que tenía el Estado alemán. En 2007, el superávit del Estado español era equivalente a 1,9% del PIB, más de seis veces superior al alemán, 0,3% del PIB. Y un tanto parecido ocurría con la deuda pública, que representaba en España un 27% del PIB, casi la mitad de la deuda pública alemana, 50% del PIB. En realidad, España era un “modelo” y punto de referencia del pensamiento neoliberal mostrado por los economistas neoliberales como ejemplo de “ortodoxia” económica.

Tener un superávit muy superior y una deuda pública muy inferior a la de Alemania no nos sirvió de nada. No nos protegió de la crisis. ¿Cómo puede, entonces, decirse ahora que la mayor causa de la crisis es el elevado déficit y la deuda excesiva, cuando tener déficit cero y deuda pública baja no evitó que tuviéramos la crisis que tenemos, con más de un 23% de la fuerza laboral en paro? ¿Y por qué esta explicación de la crisis continúa dándose cuando la evidencia existente, mostrando su error, es tan abrumadora?

Y para responder a esta pregunta hay que fijarse en cuáles son las voces más estridentes en defensa de tal explicación de la crisis. Y entre tales voces aquellos que tienen un lugar prominente son el Banco Central Europeo y la banca alemana, y el Banco de España y la banca española, que son en realidad los que crearon precisamente la crisis. En realidad, la banca alemana jugó un papel clave en la génesis de la crisis y en su desarrollo. Según The Bank for International Settlements (BIS) (Junio 2010), la banca alemana prestó 109.000 millones de euros a la banca española, con los cuales ésta, en alianza con el sector inmobiliario, invirtió masivamente, no en la economía productiva del país, sino en la economía más especulativa posible, creando la burbuja inmobiliaria que, al explotar, provocó la enorme crisis y el enorme problema de la deuda privada de España, que alcanzó dimensiones astronómicas (227% del PIB). La banca alemana consiguió enormes beneficios, beneficios que, por cierto, no invirtió en Alemania para estimular la demanda doméstica alemana, incrementando los salarios y la protección social de Alemania (tal como Oskar Lafontaine, entonces Ministro de Economía y Hacienda del gobierno alemán, y uno de los economistas más clarividentes hoy en Europa, quería que se hiciera y que, al no hacerse, rompió con el canciller Schröder, el presidente socialdemócrata alemán responsable, junto con la canciller Merkel, de las políticas de austeridad a nivel alemán y europeo, políticas promovidas por la banca alemana). En lugar de estimular la demanda alemana (y europea), los grandes beneficios que Alemania consiguió de su actividad especulativa en España (y en otros países periféricos de la Eurozona, como Grecia y Portugal), los utilizó para acumular más y más euros, convirtiéndose en la mayor fuente de euros en Europa. El euro le ha ido pero que muy bien a la banca alemana.

Ahora bien, cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10% de su inversión bancaria). Y comenzó a promover la idea falsa de que el euro estaba en peligro. Lo que estaba en peligro, sin embargo, es que la banca alemana perdiera los fondos prestados a España y a otros países periféricos de la Eurozona. En realidad, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente de valor comparado con el dólar.

Y de ahí derivan las políticas de austeridad, cuyo único objetivo es que se pague a los bancos alemanes (y franceses) la deuda tanto privada como pública que tienen. La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del FMI a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.

Pero estas políticas de austeridad con la bajada de salarios, disminución de la protección  social y recortes del gasto público están creando un problema gravísimo que se llama Gran Recesión, causada por el enorme descenso de la demanda doméstica y por la escasez de crédito, y que es la causa de la disminución de la actividad económica y con ello del descenso de los ingresos al Estado (y consiguiente aumento del déficit y de la deuda pública). Y ahí está el problema oculto y que algunos hemos estado denunciando desde el principio (ver el libro Hay alternativas, de Navarro V., Torres J. y Garzón A. enwww.vnavarro.org). La evidencia científica que apoya este diagnóstico es abrumadora. Las políticas que está imponiendo la banca alemana y francesa (y española) y sus portavoces políticos, incluyendo Merkel-Sarkozy y Rajoy son un suicidio económico.

Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿por qué continúan promoviéndola? Una respuesta es que los dogmas económicos son tan irracionales como los dogmas religiosos. El pensamiento neoliberal es un dogma impermeable a los datos y hechos. Pero el que continúe reproduciéndose se debe a que sirve a unos intereses, los intereses de la banca, con la complicidad de los políticos afines (el Ministro de Economía del Estado español, el Presidente del BCE, así como gran numero de personas responsables de llevar a cabo y estimular las políticas de austeridad son banqueros o próximos a la banca), que asumen que los intereses particulares de la banca coinciden con los intereses generales del país, lo cual no es así, como bien documentan los estudios rigurosos que muestran que las causas de la crisis son el comportamiento negativo del BCE y del Banco de España, y de los bancos que en teoría supervisan, pero que en la práctica se benefician a costa del interés general.

En realidad, las soluciones son fáciles de ver. Y consisten en seguir políticas de estímulo económico, con un intervencionismo público que estimule la economía a base de crear empleo, junto con el establecimiento de bancas públicas y una regulación del sector bancario, forzándole a que recupere su función social, la oferta de crédito. Pero, el que no ocurra se debe a la enorme influencia de la banca y otros componentes del capital financiero en las instituciones políticas y mediáticas de España y de Europa. Así de claro.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012

Este artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la calidad de vida de las clases populares de España.

Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.

Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.

Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.

Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme error.

La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.

Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.

La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.

Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 11 de abril de 2012

Este artículo critica la postura ampliamente generalizada en círculos económicos, incluidos progresistas, que asumen que las políticas fiscales de austeridad han sido necesarias en los países de la Eurozona para salvar el euro.

Existe una impresión generalizada de que estuvimos al borde de que el euro desapareciera y de que la Unión Europea se desmembrara. Josep Oliver, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y uno de los economistas a los que leo en El Periódico siempre con gran interés y, a menudo, como ahora, con desacuerdo, repite esta percepción en un artículo “Los Estados Unidos de Europa”, publicado en tal rotativo el último 01.03.12, señalando que parece que estamos saliendo del peligro de colapso del euro y desmantelamiento de la UE, pero tenemos que ir todavía con mucho cuidado y cautela porque estamos lejos de haber salido de la crisis actual.

Del artículo parece deducirse que, según el profesor Oliver, la causa de que nos estemos alejando del precipicio se debe a las políticas de rectitud fiscal, promovidas por el gobierno de la canciller Angela Merkel y aplicadas a todos los otros países. Parecería, pues, que el Profesor Oliver atribuye lo que considera una mejora a la política de ortodoxia fiscal que nos ayuda a salir del atolladero en que nos encontramos. Últimamente el Profesor Josep Oliver ha indicado su apoyo a las políticas de recortes de gasto público, aún cuando ha protestado por la manera indiscriminada e injusta de tales recortes.

Con el gran respeto que le tengo al profesor Oliver, tengo que indicar que estoy en profundo desacuerdo con él. Soy consciente de que esta lectura de la realidad es la más común, pero ello no la hace más creíble o certera. En primer lugar, el euro nunca estuvo en peligro. Si hubiera estado en peligro, hubiera caído en picado el valor de tal moneda, cosa que no ha ocurrido. Aunque se devaluó frente a otras monedas, como el dólar estadounidense, el euro jamás bajó más en el valor que tenía cuando se estableció (ver mi artículo “El euro no está en peligro. El bienestar de la población sí que lo está”. El Plural. 26.12.11). En realidad, el descenso del euro fue un cambio positivo para la economía real productiva, pues facilitó la mejora de las exportaciones a zonas que comercializan con los países de la Unión Europea. El que la banca y el establishment europeo clamaran que había que implementar políticas de austeridad a fin de salvar al euro, no quiere decir que el euro estuviera en peligro. La Banca y el Banco Central Europeo (BCE) perdieron credibilidad desde hace mucho tiempo.

En cuanto al descenso de los intereses de la deuda pública, ello tiene poco que ver con las políticas de austeridad. El hecho más importante que ha ocurrido para explicar tal bajada no es la reducción del déficit del Estado español, sino la decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda pública española en los mercados secundarios. Esta decisión ha sido la que ha determinado la bajada de tales intereses. En realidad, el nivel de los intereses es modificable y depende de causas políticas. Contra lo que el profesor Oliver indica, no son los mercados financieros los que determinan el nivel de los intereses de la deuda pública. Este nivel es más una variable política que económica. Y puede modificarse fácilmente mediante la intervención del BCE. Éste, que es en la práctica un lobby de la banca, modula sus intervenciones con el objetivo de alcanzar lo que desea, como la privatización de los servicios, la desregulación de los mercados laborales, la eliminación de los convenios colectivos y otras medidas que, en realidad, tienen poco que ver con la fortaleza del euro, y mucho que ver con los intereses empresariales de la banca y otros elementos del capital financiero. Baste sólo con leer las declaraciones del Presidente del BCE, Mario Draghi (que había sido Vicepresidente del Banco Goldman Sachs) a la revista Wall Street Journal  (24.02.12) en el que, con toda claridad y contundencia, indica que “la Europa Social es inviable”, señalando que la era de la Europa Social ha terminado. Todas las condiciones que el BCE está poniendo a España para que intervenga es que reduzca más y más el Estado del Bienestar, instrucciones que el gobierno Rajoy está cumpliendo a pies juntillas. Creerse que bajar tal gasto público hará recuperar “la confianza de los mercados” es de una ingenuidad que queda claramente en evidencia con lo que está ocurriendo en España. Por desgracia, pocos fuimos los autores que denunciamos estas políticas fiscales cuando se presentaron como la solución a la gran recesión. Hoy, los hechos nos han dado la razón. Sería de desear que economistas como Josep Oliver, que sin lugar a dudas piensan en sus propuestas mejorar la calidad de vida de las clases populares, se dieran cuenta de ello lo más pronto posible.

Una versión de este artículo fue publicado en castellano bajo el título “¿Tributamos como los suecos?” el 2 de febrero de 2012

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 9 de abril de 2012

Este artículo critica la falta de credibilidad y dualidad moral que presenta el gobierno alemán en su comportamiento y crítica hacia Grecia y su deuda pública.

Una de las motivaciones que han definido las políticas de austeridad impuestas por el gobierno alemán de la canciller Angela Merkel a Grecia ha sido la de penalizar a este país por su comportamiento, considerado por tal canciller como irresponsable, al vivir por encima de sus posibilidades, con un Estado supuestamente derrochador, atributos de una sociedad enferma e inmoral. La mentalidad que hay que “castigar a Grecia” ha sido dominante en el establishment financiero, económico y político alemán, reproducido a través de sus medios de información de mayor difusión, que contienen, todos ellos, artículos, reportajes y páginas de opinión claramente anti-Grecia, reproduciendo estereotipos insultantes para la mayoría de las clases populares de aquel país. El griego “vago” y “dependiente del Estado” financiado por la ayuda alemana través de fondos públicos alemanes, se ha convertido en una imagen muy común de los medios alemanes con mayor capacidad de persuasión entre su población. Invito al lector que no se crea lo que estoy diciendo a que ojee los diarios alemanes de mayor tiraje y busque artículos que hagan referencia a Grecia, y verán que raramente aparecen imágenes o narrativas que sean mínimamente objetivas o equilibradas en su reportaje. La gran mayoría de artículos son condenatorios del Estado griego y de su población.

En esta actitud alemana hacia Grecia hay varios problemas graves, resultado de una enorme ignorancia por parte de la canciller Merkel y del establishment alemán, no sólo de la propia historia de Alemania, sino también de la de Europa. Vayamos por partes. La primera ignorancia es desconocer las terribles consecuencias de querer penalizar a todo un país por su comportamiento supuestamente inmoral. Alemania es un ejemplo de ello. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de Junio de 1919, era el Tratado de Paz que terminaba con la Primera Guerra Mundial. Los vencedores de aquel conflicto, Francia, Gran Bretaña y EEUU, impusieron un castigo a Alemania, perdedora de aquella guerra, castigo que tenía como objetivo penalizar al pueblo alemán por su responsabilidad en haber causado la I Guerra Mundial. Con aquella penalización se intentaba prevenir que Alemania causara en el futuro otra guerra. Como dijo el Primer Ministro francés Georges Clemenceau, el objetivo central de las enormes sanciones impuestas al pueblo alemán era prevenir una II Guerra Mundial. La historia, sin embargo, mostró el enorme error de aquellas políticas de sanciones encaminadas a penalizar el comportamiento considerado inmoral de un país. La Segunda Guerra Mundial siguió a la Primera, y en cierta manera, la II Guerra Mundial era una respuesta a la política de sanciones firmada en Versalles en 1919. En realidad, el economista Keynes, de Gran Bretaña, que había dimitido de la delegación británica en Versalles por su desacuerdo con aquellas políticas sancionadoras que iban a aprobarse en el llamado Tratado de Paz, había ya alertado que aquellas sanciones empeorarían todavía más la situación alemana, creando las condiciones para que apareciese un movimiento de protesta, canalizado por el nazismo, tal com oocurrió. Lo que Keynes aconsejó al Primer Ministro británico Lloyd George, fue lo que se hizo después de la II Guerra Mundial (y que se tenía que haber hecho después de la I Guerra Mundial): perdonarle a Alemania más de la mitad de la deuda pública, deuda que Alemania, debía a los vencedores (que eran los mismos que ganaron la Primera Guerra Mundial), a fin de ayudar a la reconstrucción de aquel país. Detrás de tales medidas había el acertado supuesto de que no se podía condenar a todo un pueblo por los errores y malas prácticas políticas y económicas de sus establishments.

¿Penalizando a Grecia por su comportamiento inmoral?

Este supuesto se podría aplicar también a Grecia, país que ha estado gobernado por unos establishments de ultraderecha por la mayoría del tiempo desde el final de la II Guerra mundial. Las políticas corruptas, responsables de unos Estados altamente represivos y con escasa sensibilidad social, fueron realizadas por sus clases dirigentes griegas apoyadas precisamente por las clases dirigentes alemanas. El enorme endeudamiento del Estado griego, basado en parte en la escasez de recursos (generada por un enorme fraude fiscal por parte de los componentes de su clase dirigente) y en unas políticas fiscales enormemente regresivas, con unos gastos militares (aproximadamente el 30% de su presupuesto público) totalmente hiperbólico, se realizó con el apoyo del capital financiero alemán y estadounidense. Es más, la banca Goldman Sachs jugó un papel importante en la creación de la deuda pública, su ocultación y, más tarde, su especulación. El establishment alemán estaba involucrado en las políticas llevadas a cabo en Grecia, que condujeron directamente al mal llamado “problema de la deuda pública griega”. Y la banca alemana fue la que financió la expansión del gasto militar en Grecia (ver mi artículo “Lo que no se dice sobre Grecia”, publicado en mi blog www.vnavarro.org el 28.03.12). ¿Dónde está la crítica de la supuesta moralista Angela Merkel de los banqueros de su país, que se beneficiaron enormemente del comportamiento irresponsable e inmoral de la clase dirigente griega? Y, ¿cómo es que la prensa del establishment alemán está tan silenciosa sobre el papel central que el capital financiero, incluido el alemán, jugó en crear “la crisis de la deuda pública griega”? El pueblo griego no se benefició de aquellas políticas. Fue la burguesía financiera alemana la que se benefició.

No es, pues, Alemania versus Grecia el mayor conflicto actual. Ni Alemania ayuda a Grecia, ni Grecia es corrupta e inmoral. Debe conocerse que dentro de cada país hay clases sociales con intereses distintos, e incluso contrapuestos. Lo que se llamaba antes la burguesía financiera alemana jugó un papel clave en la creación del problema de la deuda pública griega, lo cual hizo con la activa colaboración de la burguesía griega, corrupta, reaccionaria y represiva, perjudicando así tanto a las clases populares griegas como a las clases populares alemanas, pues el dominio de la burguesía financiera sobre el Estado alemán ha sido responsable de las políticas de bajos salarios y escasa demanda, exportando el capital en lugar de invertirlo en el propio país, Alemania, y así aumentar su demanda doméstica, lo cual hubiera estimulado la economía alemana y a la europea a la vez. De esto sin embargo, apenas se habla en los medios de mayor difusión alemanes y españoles.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 5 de abril de 2012

Este artículo señala la manipulación que hacen las agencias de valoración de bonos en su definición de la solvencia de los Estados, manipulación que se realiza con la complicidad de las instituciones financieras europeas, incluyendo el Banco Central Europeo.

El argumento más frecuentemente utilizado por el gobierno Rajoy para justificar los enormes recortes de gasto público en España es la necesidad de “recuperar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada por todos los proponentes de las políticas de austeridad. De ahí que debería ser un motivo de gran atención mediática averiguar cómo se define tal supuesta confianza de los mercados, y quién tiene el poder de definición. Es sorprendente, en este sentido, la escasa atención mediática sobre estos puntos.
El indicador más frecuentemente utilizado para medir tal confianza de los mercados son los intereses que el Estado debe pagar para poder vender su deuda pública. A mayor desconfianza, mayores los intereses, y viceversa. A mayor confianza, menores intereses. Pero, ¿quién define los intereses? La respuesta conforme a la ortodoxia neoliberal es que son los “mercados”. Pero, como toda ortodoxia, ésta se basa en fe más que en evidencia. Ésta muestra que, en general, son las agencias de valoración de bonos las que, con sus evaluaciones, guían el comportamiento de tales mercados financieros. En realidad, uno de los instrumentos más valiosos que tienen las instituciones financieras (tales como los bancos, las compañías de seguros y los fondos de alto riesgo) que intervienen en el supuesto mercado, son las agencias de evaluación de los productos financieros (en inglés Credit Rating Agencies) que, en teoría, valoran tales productos –como los bonos públicos de los Estados- y dicen a las instituciones financieras si vale la pena invertir en ellos o no. Cuando una de tales agencias valora negativamente los bonos públicos de un Estado, éste tiene que aumentar los intereses de tales bonos a fin de hacerlos más atractivos para las instituciones financieras. Es lo que se llama “recuperar la confianza de los mercados”.
En teoría, tales agencias podrían justificar su existencia si su trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el vicepresidente de una de ellas, la famosa Moody’s, que tras dejar la compañía, declaró a la Comisión Federal de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis  financiera, que lo más importante para tal agencia no era la objetividad en sus estudios del valor de los productos financieros sino la satisfacción de sus clientes que financiaban tales estudios (citado en el artículo de John Ryan “Do we need Credit Rating Agencies?” en Social Europe Journal. 16.03.12). Más claro imposible.
Para comprender y predecir sus valoraciones basta conocer quiénes les financian. Así, en EEUU, ha habido una campaña promovida por Wall Street, el centro financiero de EEUU, que tiene como objetivo desacreditar la deuda pública del gobierno federal como manera de forzar recortes en la Seguridad Social y privatizar las pensiones y los programas sanitarios a las personas de la tercera edad. Con la ayuda de los medios afines, Wall Street ha estado promoviendo tal mensaje a través de sus agencias de valoración, devaluando su valoración de los bonos públicos federales. (Antonio Caño en sus sesgados informes sobre EEUU –ver El País de 18.03.12- también transmite este mensaje sobre la deuda pública federal de EEUU). Tales bonos, sin embargo, no tienen ningún problema. Prueba de su salud es que los bonos federales tienen los intereses más bajos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Si tuvieran problemas, tendrían intereses elevados. La desvaloración de los bonos del Estado federal por parte de tales agencias no tuvo ningún impacto, excepto desacreditar en EEUU todavía más a tales agencias, incluso más de lo que ya lo estaban. Un tanto semejante ocurrió con la devaluación de los bonos públicos del Estado francés, valoración que respondía a una campaña encaminada a penalizar al gobierno francés por su petición de establecimiento de una agencia pública europea que las sustituyera.
El gobierno español, sin embargo, raramente las criticó. Antes al contrario, la ministra de Economía y Hacienda del gobierno Zapatero, Elena Salgado, las alabó, y se opuso al establecimiento de las agencias públicas europeas. Su docilidad hacia tales agencias privadas era sorprendente en una ministra de un gobierno socialista. Su temor (algunos dirían pánico) a antagonizarlas llegó a niveles extremos. Un tanto semejante ocurre con el actual ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, que fue el director en España del Banco Lehman Brothers que, al colapsar debido a sus prácticas especulativas, creó la crisis financiera. Su obediencia a los mandatos de tales agencias es absoluta.

¿Por qué no se las ignora y se crea una agencia pública europea?
La evidencia de que tales agencias son meros instrumentos de las instituciones financieras hace que se haya estado explorando el desarrollo de agencias públicas de valoración que sean más objetivas y más creíbles que las actuales. El Parlamento Europeo ya ha recomendado el establecimiento de tal agencia. Predeciblemente, la mayor fuerza opositora procede del capital financiero que las financia y sostiene y, como no, del Banco Central Europeo que, como he indicado muchas veces, no es un banco central, sino un lobby de la banca. La avalancha de lobbies intentando que no se constituya esta entidad pública es abrumadora, y es probable que no se apruebe. Y así estamos.
En Estados Unidos, sin embargo, se ha aprobado una ley –The Dodd Frank Act- que elimina la regla que instruía hasta ahora el deber de las pensiones publicas, así como de los bonos públicos, de vender sus activos valorados negativamente por tales agencias. Esta regla les dio un enorme poder que ahora desaparecerá. Nada de esto está pasando en la UE, cuyas instituciones, incluyendo el Banco Central Europeo, continúan considerando tal evaluación como criterio de valoración de la deuda pública. Y ello ocurre a pesar de que la motivación política de tales agencias es obvia si se mira cómo se creó el llamado “problema de la deuda pública” que se inició en Grecia, cuando el Presidente socialista, George Papandreu anunció que la deuda pública griega era mayor que la anunciada por el gobierno conservador anterior. En teoría, tal declaración del Sr. Papandreu parecería “haber descubierto” que las cuentas del Estado no eran correctas. Pero, en realidad, la falta de credibilidad de las cuentas griegas era bien conocida antes de que el Presidente Papandreu lo indicara. Ya en 2004, la Oficina de Estadísticas de la UE –Eurostat-había indicado que las cuentas del Estado griego no eran creíbles, lo cual no fue obstáculo para que las agencias de valoración mantuvieran la evaluación positiva de la deuda pública griega. Fue al anunciarlo el Presidente Socialista cuando se cambió la evaluación, pasando a ser negativa, iniciándose la cascada de valoraciones negativas, primero Grecia, después Portugal, y más tarde España e Italia. ¿Cómo es que las agencias habían valorado positivamente la deuda publica de todos estos países y sólo hasta aquel momento se cambió de valoración positiva a negativa? Y la respuesta es fácil de ver si uno deja de creer en el dogma liberal. Fue el intento del capital financiero de crear la crisis de la deuda pública, de cuya especulación ganó pingües beneficios.
Lo que pasó en Grecia había pasado antes en EEUU. Recordemos que en EEUU tales agencias valoraron muy positivamente los productos de los bancos estadounidenses (incluido el Lehman Brothers del Sr. Luis de Guindos, actual Ministro de Economía), que colapsaron el día después de que les dieran matrícula de honor. En ambos casos, en las dos vertientes del Atlántico, su comportamiento fue el que respondió a los intereses del capital financiero. El famoso “problema de la deuda pública” fue y continúa  siendo un problema artificial, creado, en parte, por las agencias de valoración, para obtener los intereses de aquellas instituciones que las financian. El hecho de que se haya creado este problema (un problema que es falso) se debe a que a los bancos les ha ido muy bien con la existencia de tal problema. Así de claro.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro, 3 de abril de 2012

Este artículo critica la constante manipulación de columnistas que se presentan como grandes defensores de los Derechos Humanos, en sus análisis de la realidad de América Latina, refiriéndose al caso de Moisés Naím de El País como ejemplo.

Los medios españoles de información de mayor difusión han mostrado un sesgo neoliberal en su cobertura de América Latina que alcanza niveles de clara manipulación en su reportaje sobre Venezuela, país gobernado por un gobierno presidido por Hugo Chávez sobre el cual es casi imposible leer noticias, profundamente sesgadas, que no vayan acompañadas de adjetivos denigrantes e insultantes sobre su persona (ver mi artículo “La doble moral de los medios”, Publico. 16.07.09). El más moderado es “dictador”.

Tal cobertura contrasta con el trato sumamente favorable hacia el gobierno colombiano, presidido antes por Álvaro Uribe y ahora por Juan Manuel Santos, que fue en su día Ministro de Defensa del gobierno Uribe. Los mismos medios de información que constantemente insultan al gobierno Chávez escriben alabanzas del presidente Uribe, que presidió por muchos años el gobierno que tiene uno de los records de América Latina en atropellos de los Derechos Humanos. El último ejemplo de ello es la entrevista de Moisés Naím a Uribe, en El País del 31.03.12, en el que el columnista del diario de mayor difusión del país, el Sr. Moisés Naím, que se presenta como el gran defensor de los Derechos Humanos en América Latina, ensalza la figura del expresidente Uribe sin, en ningún momento de la entrevista, preguntarle sobre la bien documentada brutal represión que su gobierno realizó en contra de los sindicatos. Según los datos de la Federación Internacional de Sindicatos, más de 3.000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1986 sin que Moisés Naím cite ni uno de ellos. Según la organización internacional Human Rights Watch, gran número de tales asesinatos han sido cometidos por los infames grupos paramilitares (algunos de ellos, fundados por la familia Uribe), que tuvieron y continúan teniendo lazos con las fuerzas armadas y el aparato de seguridad del Estado colombiano, tanto durante el gobierno Uribe como con el actual gobierno Santos, lo cual muestra una enorme tolerancia hacia el comportamiento criminal y asesino de tales grupos. Hasta hoy, la mayoría de tales asesinatos han permanecido impunes.

Un grupo que ha sido sujeto de una represión especial, ha sido el sindicato de maestros. Sindicalistas del sector magisterio, que defienden a los maestros, han sido especialmente reprimidos. De los 3.000 asesinados, casi 1.000 han sido maestros. En 2010, 51 sindicalistas fueron asesinados. De ellos, 29 eran maestros. En 2011, 26 sindicalistas fueron asesinados, 14 eran maestros. Esta selectividad hacia este grupo profesional se debe a que la horrible estructura de poder (una de las más desiguales en América Latina) y el establishment colombiano que domina el Estado colombiano no quiere que los maestros enseñen y muestren que es posible otra sociedad a la existente hoy en Colombia. Y aquellos que, a pesar de la enorme represión, muestran la realidad de explotación que existe en aquel país, pagan con su vida su compromiso e integridad profesional. Lo mismo ocurrió en España durante la dictadura, ya que el establishment no deseaba una educación laica y progresista que transmitiera valores democráticos a la juventud.

El nivel de represión ha conllevado que miembros del Congreso de EEUU hayan pedido al presidente Obama que paralice el tratado bilateral aprobado por el gobierno federal de EEUU y el gobierno colombiano de Santos hasta que tales asesinatos desaparezcan del escenario colombiano, petición que, lamentablemente, el presidente Obama ha ignorado. El asesinato de sindicalistas en Colombia (el país con el mayor número de tales asesinatos en el mundo) es una situación escandalosa. Pero lo que es también escandaloso es el silencio y la ocultación de aquella realidad por parte de los medios de información españoles de mayor difusión (como aparece claramente en la entrevista de Moisés Naím a Uribe), medios que justifican la avalancha de insultos al presidente Chávez como indicador de su supuesto inexistente compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Su doble moral es la mejor prueba de que su preocupación no son tales Derechos Humanos, sino la promoción de sus intereses económicos, políticos y mediáticos. Así de claro.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro, 28 de marzo de 2012

Este artículo señala las conexiones entre la banca alemana y el complejo militar del Estado griego, habiendo sido éste uno de los mayores responsables de la deuda griega, que el gobierno alemán quiere ver disminuida desmontando el escaso Estado del Bienestar de Grecia, sin apenas tocar el gasto militar. La supuesta ayuda a Grecia es básicamente para pagar a los bancos alemanes, entre otros, por las deudas contraídas en Grecia, en parte, por el sector militar.

Parece que, por fin, los dirigentes de la Eurozona (junto con el Fondo Monetario Internacional) han acordado un préstamo de 130.000 millones de euros al gobierno de Grecia para que ésta pueda pagar sus deudas. Es, pues, una transferencia de fondos a la banca europea, propietaria de la deuda pública griega, y muy en especial a la banca alemana, francesa y griega. A cambio, Grecia se convierte en una colonia de Alemania, pues cualquier decisión presupuestaria del gobierno griego tiene que se aprobada básicamente por el gobierno alemán Merkel. Las medidas impuestas por Alemania beneficiarán a la banca europea, incluyendo la banca y la gran patronal griega. La clase trabajadora perderá, según tales condiciones, gran número de los derechos, con enormes recortes en los servicios públicos del Estado del Bienestar, como sanidad y educación. En realidad, el dominio del establishment financiero y económico griego sobre el Estado griego durante, no sólo su periodo dictatorial, sino también su periodo democrático, es responsable del enorme retraso del Estado del Bienestar en Grecia. El fraude fiscal es enorme, como lo atestigua que el 94% de los griegos declaran ingresos inferiores a 30.000 euros al año. Según las cifras del fisco, Grecia apenas tiene ricos o súper ricos.

Dentro del establishment griego hay uno que está muy privilegiado por el Estado griego y que no ha sido afectado por las medidas de austeridad impuestas por Alemania. Es el complejo militar industrial. Grecia es el país europeo que proporcionalmente se gasta más en el sector militar. En realidad, es uno de los cinco países del mundo que importa más armas. Y la mayoría de estas armas se las venden a Grecia los siguientes países: Alemania, Francia y EEUU. Casi mil tanques Leopard fueron comprados en 2009 (ya en plena época de crisis) de su productor en Alemania. Y en 2010 también compró a Alemania 223 howitzers y un submarino al coste de 403 millones de euros. En realidad, Grecia se gasta más del doble del promedio que se gastan en armas los países de la OTAN. Parte de la deuda pública del Estado griego se originó precisamente con la compra de este equipamiento militar.

La supuesta ayuda de la Eurozona liderada por el binomio Sarkozy-Merkel, es precisamente una ayuda de los bancos alemanes y franceses, que prestaron dinero al Estado griego para que éste pudiera comprar armas y enriquecer el estamento militar más grande (proporcionalmente) de la UE-15. Para darse una idea del tamaño de este sector, basta conocer que Grecia tiene un ejército de 156.000 personas para ofrecer, en teoría, seguridad y defensa a once millones de ciudadanos. El Ejército alemán tiene 250.000 personas para una población aproximada de 82 millones de ciudadanos.

Pues bien, este sector es de los que menos recortes recibe en las políticas de recortes. Hasta hoy, y según las propuestas del binomio Merkel-Sarkozy, los servicios públicos del Estado del Bienestar, sanidad y educación, recibieron recortes muy sustanciales. No así sus fuerzas armadas. ¿Por qué un sector militar tan extenso? A primera vista podría creerse que, puesto que Grecia es el país del mundo con mayor marina mercante, una posible explicación sería para guardar tal marina, en tiempos de piratería, como los actuales. Pero la dimensión náutica de tales fuerzas armadas está poco desarrollada. ¿A qué se debe, pues, un gasto tan notable? Entonces, la opción restante es el “peligro de Turquía”. Pero parece que pocos esfuerzos se han hecho para diluir las tensiones con Turquía. Todos los indicadores parecerían indicar que los problemas con Turquía podrían resolverse por vía diplomática. Pero ello no ocurre. Y la causa es que no se desea que se resuelvan. La industrial armamentista, el Ejército y la banca alemana y francesa, no desean que las tensiones desaparezcan. Y de ahí la situación escandalosa (no hay otra manera de definirla) actual. El gobierno alemán está imponiendo unas medidas de austeridad brutales a las clases populares griegas a fin de que el Estado griego pueda pagar a los bancos alemanes los préstamos de dinero que el gobierno de Grecia tuvo que pedir para poder comprar sus juguetes militares. Así de claro.

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 27 de marzo de 2012

Este artículo detalla las razones por las cuales la huelga general está más que justificada en respuesta a las políticas que está realizando el gobierno conservador de España.

Mírese como se mire, muchas de las políticas públicas del gobierno del Partido Popular tienen como objetivo disminuir los salarios y reducir la protección social. Tal objetivo se justifica con el argumento de que hay que recuperar la confianza de los “mercados financieros”, temerosos éstos de que el elevado déficit del Estado español imposibilite el pago de los intereses de la deuda pública, creando un grave problema para tal Estado, pues no podrá conseguir dinero prestado de tales mercados para realizar sus funciones. Esta justificación ha adquirido la dimensión de dogma, impuesto por las autoridades que rigen la Eurozona y la Unión Europea. En realidad, tales autoridades ya han nombrado un supervisor que instruya al gobierno español sobre cuándo y cómo alcanzar tales objetivos, convirtiendo a España en un protectorado, con escasa soberanía y capacidad de decisión nacional. Tal argumento requiere para su sostenibilidad que la población crea que tales medidas, que son altamente impopulares, son necesarias para recuperar su bienestar, presentándolas como las únicas posibles.

Lo que la ciudadanía debería conocer (y no es fácil que conozca, debido a la escasísima diversidad ideológica existente en los medios de información y persuasión del país) es que cada uno de los supuestos que sostienen tal justificación es erróneo. La evidencia científica ampliamente disponible muestra los siguientes hechos:

- La falta de confianza de los llamados mercados financieros hacia la economía española no se debe, en este momento, al “excesivo déficit” o a la “excesiva deuda pública” (más baja que la de Alemania), sino al escaso crecimiento económico, que empeorará con las medidas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) y de empleo público, y con la reducción de los salarios. La evidencia de que tales medidas empeorarán la situación económica es abrumadora. Ha pasado en Grecia, está pasando en Portugal, y ocurre también en España.

- Los intereses de la deuda pública están altamente influenciados por el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE), el cual es, en realidad, más un lobby de la banca que un banco central. El BCE está ayudando masivamente a la banca europea (incluyendo la banca española) a costa de no ayudar a los Estados. Si el Banco Central Europeo fuera un banco central, España y los otros países periféricos de la Eurozona no tendrían el problema que tienen en poder vender deuda pública, pues tal banco compraría tanta como fuera necesario para bajar sus intereses. Ahora bien, el hecho de que el Banco Central Europeo no intervenga y ayude a los Estados comprando deuda pública directamente, es precisamente para beneficiar a los bancos. La evidencia de que esto es así es también abrumadora.

- En realidad, el elevado desempleo de España no se debe ni a las “supuestas” rigideces del mercado de trabajo ni a la “excesiva” protección social. España fue, en 2011, el país junto con EEUU e Irlanda, donde proporcionalmente se despidieron más trabajadores, tanto fijos como temporales. Y el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). La evidencia científica de que los recortes sociales y las reformas del mercado laboral no solo no crearán empleo sino que lo destruirán, es contundente y abrumadora.

La pregunta que el lector se hará es: ¿por qué, entonces, el Partido Popular hace tales políticas? La respuesta es que los intereses que representan –la banca y la gran patronal- sí que se están beneficiando de estas políticas. En realidad, están consiguiendo lo que siempre han deseado. Están utilizando la crisis que ellos crearon (y muy en especial, la banca) para alcanzar lo que siempre quisieron, es decir, bajar los salarios, disminuir la protección social y privatizar el Estado del Bienestar. Y lo están haciendo sin que hubiera un mandato popular. En realidad, habían negado que harían cada una de las medidas que están ahora implementando. Este insulto democrático debe denunciarse en una democracia. Y la manera de responder es con una huelga general.

Una última observación. No es casualidad que los países que tienen mayores problemas económicos y financieros en la Eurozona son aquellos países que han estado dominados por periodos más largos de su historia, por las fuerzas conservadoras: Grecia, Portugal y España. En estos países, los Estados han sido influenciados en gran manera por la banca, la gran patronal y las grandes fortunas, que explica la regresividad de sus políticas fiscales y el gran fraude fiscal. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan estos grupos, cuya influencia sobre el Estado es enorme. Esta situación explica la pobreza del Estado español (tanto central, como autonómico y municipal), su deuda pública y el subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Son estas mismas fuerzas financieras y económicas las que ahora están imponiendo tales políticas, con el apoyo de las elites gobernantes de la Eurozona. De ahí que una huelga general es también una continuación de una larga historia para recuperar la democracia y el bienestar de la ciudadanía, denunciando los responsables, dentro y fuera de España, de su escaso desarrollo social.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 23 de marzo de 2012

Este artículo señala que las políticas neoliberales que dañan el bienestar de las clases populares y que se imponen sin que tengan un mandato popular, siempre requieren para su aplicación la represión y la anulación del proceso democrático. El artículo señala las semejanzas entre la situación en América Latina durante el periodo neoliberal y la existente hoy en la Unión Europea.

Estamos viendo estos días –como era de esperar- las medidas policiales represivas encaminadas a reprimir las protestas populares frente a las políticas neoliberales llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en España encaminadas a abaratar el despido y reducir los salarios, así como a lograr una disminución e incluso eliminación de la protección social. Tales medidas, sumamente impopulares, generan unas movilizaciones ciudadanas en contra del gobierno, que los aparatos represivos del Estado están intentando contener. Esta evolución de los hechos era predecible. En realidad, ocurrió en América Latina durante el periodo neoliberal. Fue entonces cuando apareció lo que también se llamaba “el problema de la deuda pública”. Los Estados se habían endeudado excesivamente y, como consecuencia, tenían dificultades en pagar su deuda. Entonces pidieron ayuda al Fondo Monetario Internacional, y tal como ha ocurrido en cada ocasión que el FMI ha intervenido en un país o en un grupo de países, esta institución condicionó la llamada ayuda a la aplicación de una enorme austeridad (es decir, grandes recortes de gasto público incluyendo el gasto público social) que permitieran a los Estados pagar los intereses de la deuda a la banca. También, predeciblemente, las poblaciones de los países cuyos gobiernos estaban siguiendo las medidas neoliberales, salieron a la calle para protestar, creando una respuesta represiva por parte de aquellos Estados. La historia de América Latina en aquel periodo es una larga serie de regímenes dictatoriales o autoritarios que reprimieron constantemente las movilizaciones sindicales y sociales que mostraban el profundo rechazo popular a tales políticas.

Un tanto semejante está ocurriendo ahora en la Unión Europea (UE). Los Estados de la UE están profundamente endeudados y tienen grandes dificultades para pagar su deuda. Tal endeudamiento en la UE respondía a causas semejantes a las ocurridas en América Latina: a las reducciones fiscales que ocurrieron en la época de bonanza y a la disminución del crecimiento económico como respuesta al enorme endeudamiento del sector privado, resultado de la disminución de las rentas del trabajo. El crecimiento del endeudamiento público en la UE ha sido, como lo fue en América Latina, consecuencia del crecimiento del endeudamiento privado. En ninguno de los dos casos, ni en América Latina entonces, ni en la Unión Europea ahora, el endeudamiento público se debía al excesivo nivel del gasto público, lo cual no fue obstáculo para que los gobiernos neoliberales, tanto en América Latina como en Europa, continuaran recortando tal gasto como medida para salir de la crisis.

Predeciblemente, tales medidas están empeorando la situación, como también ocurrió en América Latina. La respuesta de los Estados en aquel continente fue la represión frente a las protestas populares. Y cuando éstas alcanzaron dimensiones amenazantes a las estructuras del poder, la represión incluyó la disminución e incluso eliminación de las libertades e instituciones democráticas. La aplicación de las medidas de austeridad promovidas por el FMI e impuestas por los Gobiernos responsables, exigía para su propia pervivencia, la disminución, e incluso eliminación, de las libertades democráticas. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil sufrieron dictaduras y regimenes autoritarios, conocidos por su brutalidad. Estas políticas de austeridad y represión son también las que se están llevando a cabo en muchos países de la UE, desde Grecia a Portugal, Irlanda, España e Italia. Y en Grecia no es descartable que haya de nuevo un golpe militar. Las autoridades de la Unión Europea ya han indicado su deseo de que no se realicen las elecciones programadas para este abril.

En América Latina, las movilizaciones populares forzaron cambios en las políticas públicas, que pasaron por la rotura de cada uno de cada uno de los países con la ortodoxia neoliberal exigida por el FMI. Varios de aquellos gobiernos interrumpieron el pago de los intereses de la deuda a la banca privada. Argentina, por ejemplo, dejó de pagar la deuda por tres años. Y a partir de entonces tales países intentaron establecer un bloque regional, rompiendo la dependencia del FMI. Estos son los orígenes de Mercado Común del Sur de América Latina (Mercosur), con el deseo de establecer su propio organismo económico internacional. Tal futuro no es descartable en la Unión Europea por muy poco visible que sea esta posibilidad ahora. Pero no debería olvidarse que las movilizaciones populares en América Latina consiguieron el fin de aquellas políticas y los cambios de los gobiernos que las impusieron a la población, sin que tuvieran un mandato popular, tal como está ocurriendo ahora en España.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 22 de marzo de 2012

Este artículo critica el reciente informe del Banco Mundial que concluía erróneamente que la pobreza extrema se ha reducido a nivel mundial durante estos años de recesión. El artículo muestra los errores metodológicos y conceptuales de tal informe.

Hace unas semanas el Banco Mundial publicó una breve nota de prensa de seis páginas, que causó gran impacto. La noticia no era para menos. El Banco Mundial señalaba que, a pesar de la recesión mundial, la pobreza extrema había bajado en el mundo. El título de la nota de prensa lo decía todo “Nuevas Estimaciones Revelan una Disminución de la Pobreza Extrema durante el periodo 2005-2010” (“New Estimates Reveal Drops in Extreme Poverty 2005-2010. World Bank). Ni que decir tiene que los mayores medios de información del mundo occidental, de sensibilidad liberal, ansiosos de buenas noticias, echaron campanas al vuelo. Los mayores diarios y semanarios del mundo publicaron noticias y artículos en lugar prominente, con titulares muy llamativos, anunciando la noticia. El del The New York Times era representativo: “La pobreza mundial desciende a pesar de la recesión económica mundial”. Titulares parecidos aparecieron en los mayores medios. Un tanto semejante ocurrió en la prensa liberal económica, desde el Financial Times al The Economist. Éste último, con la exageración que le caracteriza, señalaba que “por primera vez, el número de pobres desciende en todo el mundo”. Ni que decir tiene que, predeciblemente, los grandes rotativos de España reproducían las noticias con igual alborozo.

El problema con toda esta movilización mediática es que los datos, incluyendo los propios datos del informe del Banco Mundial, no reflejan esta realidad. Veámoslos. Lo primero que aparece es que los que el informe presenta van del año 1981 al 2008. El estudio del Banco Mundial es la evolución de la pobreza extrema durante este periodo. El último año analizado es, repito, 2008, el primero de la recesión. Es decir, la recesión apenas había comenzado. No puede, por lo tanto, derivarse que “a pesar de la recesión, la pobreza ha bajado” tal como la gran mayoría de los medios indicaron. En realidad, la crisis y la recesión se iniciaron aquel año, y a nivel mundial todavía continúa en muchas partes del mundo. Para llegar a la conclusión a la que llegaron los medios, el estudio tendría que haber analizado la evolución de la pobreza durante el periodo 2008-2012, y ver si la pobreza bajó durante esos años. El Banco Mundial no hizo tal estudio. Sus datos reales terminaron en 2008, cuando la recesión comenzó. Lo que sí hizo el Banco Mundial, es unaestimación de la bajada de la pobreza durante el periodo 2008-2010, estimación basada, no en datos reales sino en datos calculados según varios supuestos, algunos altamente cuestionables. Las estimaciones del Banco Mundial son conocidas por su “creatividad”, conducentes a estimaciones y proyecciones de escasa credibilidad en la comunidad científica. Los únicos datos reales, y no supuestos, del estudio del Banco Mundial terminan en 2008, cuando la recesión apenas comenzaba.

Pero el informe del Banco Mundial comete otro error que, como el anterior, le permite llegar a una conclusión equivocada. Analiza cuánta gente vive en el mundo con menos de 1.25 dólares al día y cuantifica como esta cifra ha ido evolucionando durante el periodo 1981-2008. Y dado que el total, según sus cálculos, es  que en 2008 había 662 millones menos que estaban en esta condición que en 1981, concluye que la pobreza ha disminuido a nivel mundial. Puesto que este periodo ha sido el periodo liberal, es decir, el periodo que la mayoría de países del mundo, presionados por el Fondo monetario Internacional y por el Banco Mundial, han llevado a cabo políticas neoliberales, este descenso se presenta como la prueba del gran éxito de tales políticas. Han aparecido ya varios artículos de conocidos economistas liberales (en realidad, neoliberales) cantando las alabanzas del neoliberalismo.

Pero tal euforia ignora algunos hechos elementales. Uno de ellos es que la mayoría de este descenso del porcentaje de la población que vive con menos de 1,25 dólares al día se concentra en China (y en segundo lugar en la India), y China no ha seguido las políticas neoliberales en su desarrollo. En contra de la sabiduría convencional neoliberal conocida como Consenso de Washington en EEUU, y Consenso de Bruselas en la UE, el Estado de China es altamente intervencionista, con pleno control público de la banca y del crédito, entre otros ejemplos. Un tanto semejante ocurre en la India. Excluyendo estos dos países, el porcentaje de la población en pobreza extrema aumentó, no disminuyó, y muy en particular en los países que siguieron con mayor docilidad las recetas neoliberales. En otros países donde la pobreza disminuyó a principios de este siglo, tales como Venezuela, Brasil, Argentina y otros países de América Latina, este descenso se debió precisamente a la revuelta en contra de las políticas neoliberales, rompiendo con ellas, mediante políticas intervencionistas de orientación redistribuidora, con activa participación del Estado en su actividad económica. Tal como los informes publicados por el Center for Economic and Policy Research de Washington han mostrado, las consecuencias del neoliberalismo en el mundo en vías de desarrollo han sido negativas. Las tasas de crecimiento económico y producción de empleo fueron mayores en los países que ignoraron las posturas neoliberales que en los que las siguieron. Por cierto, uno de los países con mayor reducción de la pobreza extrema ha sido, precisamente, Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez, demonizado en los rotativos de mayor difusión españoles.

Pero el mayor problema del informe del Banco Mundial es la manera como define pobreza extrema, utilizando el indicador del consumo de 1,25 dólares estadounidenses como el umbral de la pobreza. Por cierto, utilizar 1,25 dólares no quiere decir que en el mundo sean pobres los que consumen menos de 1,25 dólares por habitante. Tal cantidad, en dólares estadounidenses, podría ser una cantidad respetable para un país pobre. No es 1,25 dólares estadounidenses el umbral de la pobreza extrema en los países subdesarrollados, sino el valor de la moneda local cuya capacidad adquisitiva sea comparable a la de 1,25 dólares en Estados Unidos.

Este indicador, tal como han mostrado Robin Broad y John Cavanagh en su libroDevelopment Redefined. How the Market Met its Match es simplista en extremo, pues no tiene en cuenta otros consumos que no sean comercializados. Por ejemplo, dos países pueden estar consumiendo 1,25 dólares per cápita per dia y, sin embargo, el que tenga abundantes servicios públicos, tendrá menos pobreza que otro país que no tenga tales servicios. Pero el Banco Mundial no valora el consumo público, sólo el privado. De ahí que tal indicador subestime deliberadamente el efecto positivo que tienen los servicios públicos en reducir la pobreza de un país.

En resumidas cuentas, el neoliberalismo ha sido un fracaso, por mucho que el Banco Mundial y el FMI intenten rescatarlo. Su impacto en la pobreza ha sido devastador y la crisis está acentuando todavía más esta situación. España es un claro ejemplo de ello. La pobreza se está disparando, no reduciendo. Escribir lo contrario es mera propaganda neoliberal, por mucho que se intente ocultar esa realidad con estudios aparentemente científicos.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista COUNTERPUNCH, 8 de marzo de 2012

Este artículo publicado en la revista Counterpunch, la revista progresista de mayor difusión de Estados Unidos, analiza las consecuencias de las políticas de austeridad en España, presentando políticas alternativas que podrían haberse implementado si hubiera habido voluntad política para hacerlo. El artículo es una adaptación para esta revista de otro artículo publicado en Social Europe Journal.

There are some misconceptions that exist about Spain among large sectors of the progressive community in the United States.  Partially this is a result of the very poor coverage that exists about Europe in general and about Spain in particular in the press in the U.S.  Most economists in the US get the economic news about Spain from the Financial Times and to a lesser degree, from The Economist.

We have seen in the last few days several events that are indicators of that limited knowledge.  There, for example, was President Obama congratulating Chancellor Angela Merkel for the leadership she is providing in Europe, applauding at the same time the policies of the new conservative government, presided over by Mr. Rajoy in Spain, for the reforms that government has introduced in Spain.  Granted that to define Obama as a progressive requires a certain effort, and his ability to disappoint progressives is limitless, but someone should inform him that Chancellor Merkel has been one of the more reactionary leaders Europe has ever had in democratic times and is imposing extreme austerity in the most frontal attack the welfare state has been under in all the countries of the Eurozone.

The devastating effects of those policies are clearly seen in Greece, Ireland, Portugal and Spain.  Regarding the government of Rajoy, his party is a successor of the nomenklatura of the fascist dictatorship. Its founder, Manuel Fraga, was a leading figure in that state and defender to the very last day of the repression carried out by the Franco dictatorship (120,000 people are still ‘disappeared’).  And that party has always been the political instrument of the more reactionary forces in Spain, including banking and the large corporations.  His current minister of economy was  the Spanish director of Lehman Brothers at the time of its collapse. The reforms that President Obama celebrated have been the most frontal attack the working class has seen since democracy was born in Spain. These “reforms” are responsible for the dismantling of the already poorly funded Spanish welfare state.

More worrisome is the recent article by Paul Krugman in the March 7 edition of the New York Times in which he also applauds Mr. Rajoy’s statement that he cannot further reduce the deficit as his friend, Chancellor Merkel, has instructed.  I consider Paul Krugman one of the clearer minds in the U.S., but he blew this one.  Mr. Rajoy and his government have dramatically increased the cuts that were initiated by the previous Socialist government led by Mr. Zapatero.  Mr. Rajoy has made things much worse and the situation among the young is devastating.  The fact that Rajoy was willing to implement the cuts slower than Merkel does not make him deserving of any praise from any progressive voice. Needless to say, the right-wing media are now using Krugman’s statements as political support for the policies of the government.  But another point that Krugman emphasizes is that there is nothing Spain can do short of getting out of the Euro.  That alternative should indeed be considered, but his basic assumption is to be questioned.  I now offer a modified version of an article published inSocial Europe Journal that addressed that point.  I would hope it could be widely distributed in the U.S.

A widely held belief in political circles of the left is that a country like Spain cannot follow expansionist policies on its own.  It is said over and over again that unless the entire EU or, at least, the Eurozone expands, one country cannot do it alone.  This was indeed the position of the Zapatero government during these three years of crisis.  The only thing the government could do, according to Zapatero, was reduce the public deficit by cutting public expenditures, including public social expenditures, hoping these cuts would reassure the financial markets, convincing them the Spanish government was fully committed to fiscal responsibility, defining responsibility as “austerity”.  His government continued cutting and cutting, leading the country into a recession.  His major claim when he left office a few weeks ago was that he had avoided direct intervention by the troika (European Central Bank, European Commission and the IMF), as Portugal had been forced to accept.  Zapatero was defeated primarily because of the largest decline ever of the electoral base of the Socialist Party.  In a very short period of time, four years, the Socialist Party has lost, besides the country’s central governance, the majority of regional governments and the major cities of the country, which explains why the conservative party (PP) won big in the parliamentary elections even though its electoral support barely increased.

It was not a victory of the PP, but rather a spectacular defeat of the Socialist Party.  The economic policies of the PP government continue to focus on austerity policies.  As a consequence, the recession continues on its way to the Great Depression (48 per cent of the young are unemployed) and Rajoy, the new President of the PP government, has indicated he will apply the same measures Portugal was forced to follow when the intervention in that county took place.   It seems, after all, that the Zapatero austerity policies did not prevent Spain from enduring  intervention.  It is logical, therefore, that people ask “why all these cuts?” a question more and more people are asking.

There are not alternatives?

The data show there are alternatives, unfortunately not considered by the Socialist Party, even now after its recent Congress, where the absence of self criticism was the major disappointing feature of the Congress.  It is obvious that that party should face  stronger self-criticism than has so far occurred.  It seems the only alternatives being considered are to make the cuts less rapidly and less intensely than the PP government is implementing.  But nowhere else is a 180 degree change calling for expansionist policies being considered.

Which leads to the starting point of my article.  The argument made by the leadership of that party is that unless there is some new Franklin Roosevelt on the European scene calling for a New Deal, Spain cannot do it alone.

There is no question that a new Franklin Roosevelt would help a lot, but that does not mean that Spain could not follow expansionist policies if its government wished to do so.  And the data are there to prove it.  These data show there are alternatives.

Zapatero cut  pensions in an attempt to save 1,200 million euros.   But he could have realized even more revenues for the state (2,100 million euros) if he had reinstated the wealth taxes he eliminated in his first mandate (2004-2008) or by reversing all cuts in the inheritance tax he implemented during the same period, thereby getting an additional 2,552 million euros.  Or he could have reversed the tax cuts he granted to individuals making more than 120,000 euros per year, recovering 2,500 million euros.  The data are there for all to see.  And indeed the population saw.  The popular classes (the working and middle classes), who used to vote for the socialists, asked why the pensions had to be reduced while maintaining tax cuts for the well-to-do.  This is why they abandoned the Socialist Party in the recent election.

But the list of alternatives is much larger.  Zapatero tried to save 6,000 million euros by reducing expenditures in the National Health Services (which already has the lowest public health expenditures per capita in the EU 15).  He did it indirectly by pressuring the regional governments, which actually run the regional branches of the National Health Service, to reduce their expenditures.  Meanwhile, Zapatero did not reverse the tax cuts he had granted to the large corporations which have more than 150 million euros a year in sales (which represents less than 0.1 per cent of all business in Spain).  If he had done so, the Spanish state would have had 5,300 million euros more.

Zapatero also tried to cut education and social services.  These cuts plus the cuts in health should have led to savings of 25,000 million euros but he could have obtained even larger amounts (44,000 million euros) by correcting the fiscal fraud of large fortunes, large corporations and the banks that, according to the Internal Revenue Service of the Spanish state, represents 70 per cent of all  tax fraud.

Zapatero also tried to save 600 million euros by cutting the highly popular home care services, a federal program administered with the regional governments which he had introduced in his first mandate.  Instead of cutting them, however, he could have obtained even larger revenues (800 million euros) by eliminating the public subsidies to the Catholic Church for religious teaching in public schools (which incidentally is unconstitutional in Spain).  He could also have cut some of the new military equipment (Tiger helicopters and other machinery) from the defense budget.  My colleagues, Juan Torres, Professor of Economics in Seville, and Alberto Garzon, another economist, and myself have written a book that sold like hotcakes in Spanish bookstores calledThere Are Alternatives, a book the banking industry tried to suppress by pressuring the major publisher of Spain, Aguilar, to withdraw publication of the book (it was finally published by a smaller publisher).

What is outrageous in all these policies is that all the polls show that had the Spanish people been given a voice on whether they prefer the cuts in public and social expenditures or the reversal of the tax cuts that we show in our book, the overwhelming majority would have preferred the second option rather than the first one.  But in spite of that, the policies carried out by the socialist government relied on the first, rather than the second alternative.  It is therefore no surprise that the Zapatero government had the lowest vote of all the socialist parties before it.  People are not only angry (Spain currently has the largest number of days lost due to strikes in Europe after Greece) but profoundly disappointed with the Socialist Party because they do not accept the message that there are no alternatives.  But there are.

The roots of the problem were already expressed in  the philosophy that Zapatero and his colleagues soon articulated after his election as President of the country in 2004.  He indicated that cutting taxes was a left-wing policy and his economic advisor, Jordi Sevilla, had written a book on the New Socialism in which he discouraged raising taxes and expanding public expenditures (this in a country in the EU-15 that has low taxation and low expenditures).  Zapaterismo was the Spanish version of the “Third Way”.  Unfortunately, it was not the only one in Europe.  It has become the dominant form of social democracy in Europe which is why social democracy is in deep trouble.  Unfortunately, I do not see the profound change that is requird in their mentality.

Are expansionist policies possible?

If Spain had adopted the same fiscal policies as Sweden and had invested in order to correct the enormous deficits in the social infrastructure of the country over the past 10 years, facilitating, among other things, the integration of women in the labor force, the Spanish state would be receiving 200,000 million more euros than it is today.  With these 200,000 million euros, the Spanish state could have created 5 million jobs, which is the same number of people who are unemployed in Spain.  The creation of those jobs would have eliminated unemployment and stimulated the economy.  If the underdeveloped welfare state of Spain had 1 adult person for every 4 working in the services of the welfare state, as in Sweden, rather than 1 out of every 10, Spain would create enough jobs to eliminate unemployment.

These revenues would be obtained by taxing all those groups that benefit most from the policies of tax cuts followed during the pre-crisis period.  Those tax increases would not have dampened consumption if the revenues obtained had been invested in job creation, particularly low and medium salary jobs.

This could have been done if the political will would have been there.  The problem is that the Socialists did not dare enact the fiscal reforms, among others, that would have antagonized very powerful forces in Spain.  That is, as it always is, the true issue.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 12 de marzo de 2012

Este artículo critica el argumento ampliamente promovido en los mayores fórums económicos y financieros españoles de que el elevado desempleo en España se debe a las rigideces del mercado de trabajo. El artículo documenta que el elevado desempleo en España se debe a la escasa producción de empleo, resultado, a su vez, del escaso desarrollo del sector público y muy en particular de los servicios públicos del Estado del Bienestar.

Una característica de la economía española ha sido la existencia de un elevado desempleo. Tanto en momentos de bonanza, con elevadas tasas de crecimiento económico, como en momentos de recesión, el desempleo en España es mayor, y en ocasiones mucho mayor, que el promedio de los países de la Unión Europea (UE-15), el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico.

La interpretación que la sabiduría convencional da para explicar este hecho es que el mercado de trabajo español es demasiado rígido. Se repite constantemente en los medios de mayor difusión de sensibilidad neoliberal que los sindicatos han estado protegiendo los contratos fijos, que incluyen a los trabajadores que ya tienen trabajo –los famosos insiders- a costa de los que no tienen trabajo –los también famosos outsiders- que no pueden encontrar trabajo. Estos últimos, principalmente jóvenes y mujeres, tienen enormes dificultades para entrar en el mercado de trabajo, debido a que los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los que tienen contratos fijos. De ahí que la solución que proponen es que se anulen los contratos fijos (para conseguirlo hay que debilitar a los sindicatos) y, con ello, los jóvenes y las mujeres puedan también entrar en el mercado de trabajo.

Este argumento ignora deliberadamente varios hechos. Si el número de puestos de trabajo existentes permanece constante, la eliminación de los contratos fijos sólo variará la composición de los trabajadores, puesto que los empresarios despedirán a los que eran fijos a fin de contratar a los jóvenes y mujeres, a los que pagarán unos salarios más bajos. Los padres serán despedidos para que sus hijos puedan encontrar trabajo a menor coste para la empresa. Esto es lo que desean las reformas laborales del gobierno PP: rebajas de salarios.

Algunos economistas argumentan que los elevados costes del despido hacen que el empresario se lo piense dos veces antes de contratar a un nuevo trabajador porque éste quedará blindado y no podrá deshacerse de él o ella en caso de que necesite menos trabajadores, a consecuencia de que disminuyan sus necesidades de mano de obra. Este argumento parecería que tiene peso, pues tiene una cierta lógica. Pero, parece que los empresarios en España no han tenido tal dificultad. España fue durante muchos años (durante el periodo del boom económico estimulado por la burbuja inmobiliaria) el país de la UE-15 que tuvo mayor tasa de crecimiento de puestos de trabajo, para más tarde, durante la recesión, tener la tasa de destrucción de puestos de trabajo más elevada de la UE-15. La evidencia muestra que en España se crean y se destruyen puestos de trabajo muy fácilmente, negando por lo tanto la tesis de que el elevado desempleo se deba a la dificultad de despedir. En realidad, lo inverso es lo que está ocurriendo. Los países de la OCDE en los que el desempleo ha crecido más rápidamente durante la recesión han sido EE.UU. e Irlanda, que son los países que pueden despedir más fácilmente. España es el tercer país después de estos dos, con la tasa de destrucción de empleo y crecimiento de desempleo más elevada en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.

Los datos muestran que España tiene una de las tasas de crecimiento del desempleo más altas y la tasa de desempleo más alta, no sólo de la UE-15, sino también de la OCDE. Las reformas laborales aumentarán el desempleo sin mejorar en nada la creación de empleo. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. Que ello sea así se debe a que no se está tocando el problema central: la escasa creación de puestos de trabajo. Si miran los datos verán ustedes que España es el país que tiene menos puestos de trabajo por 1.000 habitantes de la UE-15 (396), junto con Grecia (373) e Italia (380). Y donde se ve que hay un gran déficit es en el sector público. En España sólo un 9% de la población adulta trabaja en el sector público. El promedio de la UE-15 es un 15%, y en Suecia un 25%. Si en España tuviéramos las mismas tasas de empleo público que tiene Suecia, tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo (que es prácticamente el mismo número de desempleados que existen hoy en nuestro país). En contra de lo que se reproduce en la sabiduría convencional, España tiene un sector público poco desarrollado. El número de empleados en los servicios públicos del Estado del Bienestar está muy por debajo del promedio de la UE-15 y por debajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo que tenemos (ver Navarro, V. El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias. Ed. Anagrama, 2006).

Este escaso desarrollo del empleo público explica también el bajo porcentaje de la población que trabaja en el mercado laboral, con clara discriminación de la mujer. Si se facilitara la integración de la mujer en el mercado de trabajo (mediante el desarrollo de la infraestructura de servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) habría en España 3 millones más de trabajadores, creando riqueza. Se calcula que por cada entrada de una mujer en el mercado de trabajo se crea la necesidad de crear 0.4 nuevos puestos de trabajo en los servicios de carácter personal que proveen las amas de casa (en limpieza, en restaurantes y otros). Trabajo crea trabajo.

La pregunta inmediata es ¿cómo se pagarían estos empleos? La respuesta es fácil. Predominantemente (aunque no exclusivamente) con fondos públicos, incrementando los ingresos al Estado, hoy en día en España, los más bajos de la UE-15 (34%), el promedio de la UE-15 es 44% y Suecia, 54%.

Y ahí está la raíz del problema. Algunos datos son contundentes. El fraude fiscal en España es enorme y se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables del 72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de euros. El problema no es que España no tenga fondos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y por lo tanto no puede crear empleo. Ahí está el problema silenciado en los mayores medios de difusión y persuasión del país, los mismos medios que continúan machacando con el sambenito de las rigideces del mercado laboral, culpabilizando a los sindicatos por el elevado desempleo. Y así vamos en un país que se autodefine de ser democrático.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital SISTEMA, 9 de marzo de 2012

Este artículo señala las raíces del problema de la Eurozona, que es la gran reducción de las rentas del trabajo en Alemania (y en los demás países de la Eurozona), que ha creado un problema de demanda en aquel país y en toda la Eurozona, y una excesiva acumulación en Alemania de capitales (resultado de lo anterior) incluido capitales financieros, que al exportarse contribuyeron a crear las burbujas inmobiliarias en los países de la periferia, consiguiendo enormes beneficios, como consecuencia.

Alemania es muy exitosa en la exportación de productos. Y como exporta mucho más que importa, la balanza de pagos es positiva. El crecimiento de la diferencia entre exportación e importación varió, pasando de representar el 2,8% del producto interior doméstico en el año 2000, al 7% en el 2008. En realidad, el valor total de las exportaciones en Alemania fue en este último año de 983.000 millones de euros, superior al valor total en China, 971.000 millones. Su saldo de pagos era de 177.000 millones de Euros en Alemania, comparado con 191.000 millones en China. Este enorme éxito se debe primordialmente a la moderación salarial, manteniendo los sueldos muy por debajo del nivel de su productividad. Ello explica que el valor añadido no vaya a la masa salarial y al consumo doméstico, sino a los beneficios empresariales y a las exportaciones de capital, incluyendo capital financiero. Ni que decir tiene que el mundo del trabajo alemán no está muy satisfecho con esta situación. Pero el mundo empresarial alemán tiene un gran instrumento en sus manos, el Banco Central Alemán (el Bundesbank) y el Banco Central Europeo. Estos dos instrumentos tienen como objetivo controlar la inflación, a través del control salarial. Cuando los sindicatos del metal estaban renegociando su conversión, el BCE subió los intereses del dinero, reduciendo el crecimiento económico y aumentando el desempleo, y ello a pesar de que la Eurozona estaba ya a punto de entrar en recesión.

Por otra parte, la exportación del capital, incluyendo el financiero, ha sido un componente importantísimo para crear la burbuja inmobiliaria en España e Irlanda (y en EEUU). Se olvida en los círculos financieros y empresariales alemanes y en sus establishment políticos que, aún cuando acusan a los países periféricos de haber derrochado su dinero (en invertir en actividades especulativas, como el sector inmobiliario), la banca alemana favoreció y se benefició de tal derroche. En realidad, la mayoría del dinero era alemán (además de francés y español). Es difícil aceptar la crítica cuando la banca alemana estuvo metida hasta la médula en tal derroche, beneficiándose enormemente. Es interesante notar que, como dijo el sindicato del metal alemán, la burbuja inmobiliaria alemana pasó en España. Mientras que había una escasez de construcción en Alemania (Alemania tiene el menor porcentaje de propietarios de viviendas en la UE), en España, con la ayuda del capital financiero alemán, se construyeron tres veces más casas de las que se necesitaban. Era austeridad en casa (Alemania) y despilfarro en el resto de la UE y, muy en particular, en los países periféricos (España, Grecia, Portugal e Irlanda). En realidad, la moderación salarial se escribió en piedra en la constitución alemana, presentándola como una enmienda, exigiendo equilibrio presupuestario. Detrás de tal enmienda constitucional estaba el deseo de reducir la protección social.

Tales medidas no se tradujeron en un crecimiento del desempleo, y ello como resultado del poder sindical dentro de las empresas (el sistema llamado co-gestión), que hizo que en lugar de destruir empleo, el empresario tenía y tiene que pactar la reducción del tiempo de trabajo. El desempleo no subió, pero la moderación salarial se mantuvo, aunque con notable deterioro de la calidad de los puestos de trabajo alemanes. Existía en Alemania un miedo al desempleo, incluso entre el establishment, pues no fue la inflación –como siempre se dice- sino el desempleo el que fue responsable del nazismo (ver mi artículo “El profundo error del Gobierno alemán: los orígenes del nazismo. El Plural. 19.12.11). Es importante señalar que es el Bundesbank el que todavía sostiene la interpretación histórica de los orígenes del nazismo como basados en la inflación elevada en aquel periodo. El Bundesbank intenta crear esta imagen, pues la inflación es siempre el mayor enemigo de la banca. Pero la inflación existió mucho antes (1918-1924) de que Hitler saliera elegido.

Lo que estamos viendo es el intento de exportación del modelo alemán (en realidad, del modelo establecido por el establishment financiero-empresarial alemán) al resto de la Unión Europea, con una enorme determinación y contundencia. Las políticas del Gobierno Rajoy están siguiendo a pies juntillas tal modelo, con el agravante de que España no tiene el sistema de protección social y el sistema de co-gestión que tiene Alemania. Y todo ello se hace bajo el mandato del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, en los que el establishment alemán tiene pleno dominio, transformando los países periféricos en meros peones de una estrategia continental, habiendo alcanzado su máximo desarrollo en Grecia, convertida hoy en mera colonia alemana.

La estructura ideológica que sostiene tal avalancha ideológica es el monetarismo y el mercantilismo (que comúnmente se llama neoliberalismo), que se ha resistido por todos los medios al incremento de la demanda doméstica en Alemania y en los otros países, y por lo tanto al incremento de los salarios y gasto público, como medida estimuladora de la economía.

El gran problema de esta estrategia es que la reducción de los salarios y de las rentas del trabajo están creando un problema gravísimo, no sólo en la periferia, sino también en el centro (Alemania y Austria), con una demanda estancada. Esta situación crea una enorme acumulación de capital en los países centrales y un enorme endeudamiento y grandes déficits en los países periféricos, disminuyendo las importaciones hasta tal nivel que afectan a las exportaciones alemanas, pues gran parte de éstas van a los países de la UE. Con ello se están creando unas balanzas de pagos excesivamente positivas en el centro y excesivamente negativas en la periferia, que están afectando a la salud del sistema. De ahí que fuera EEUU el país que confió más en las políticas keynesianas de estímulo, que propusiera en Noviembre de 2010 en Seúl, Corea, que no se permitiera que un país tuviera un balance de saldos positivo mayor del 4% de su PIB. Alemania y China lo vetaron, y con ello las posibilidades de que la UE se recuperara se vieron enormemente afectadas.

Las soluciones son fáciles de ver y van en sentido opuesto a las llevadas a cabo hoy en día por la troika que manda en la UE. Se necesitan urgentemente medidas de estímulo de la demanda doméstica, comenzando por Alemania. El conflicto no es, pues, Alemania versus el resto de la UE, sino el del establishment alemán frente a las clases populares alemanas y de los otros países. El internacionalismo de las elites dominantes debería sustituirse por el internacionalismo de las clases populares.

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Este artículo es un capítulo en el libro “Los retos de las políticas públicas en una democracia avanzada” publicado por Ararteko en octubre de 2011

Qué es el estado del bienestar y cómo se mide

Permítanme que comience el artículo con la definición de que es el estado del bienestar. Incluyo como tal aquellas intervenciones del Estado (sean del nivel central, autonómico o local) que tienen mayor impacto en configurar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

Tales intervenciones pueden dividirse en cinco tipos. Una son las transferencias sociales como, por ejemplo, las pensiones y las ayudas a las familias. Otra son los servicios públicos como son, por ejemplo, la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las familias, los servicios sociales y la vivienda social, entre otros. Otra son las intervenciones normativas y sancionadoras para proteger al trabajador, al consumidor y al residente (a través de protección del ambiente). Otra incluye la creación de buen empleo, proveyendo las bases para que el sector privado lo cree y en muchos países se considera también una responsabilidad del estado la de crear buen empleo en momentos de recesión como ahora. Y otra es la reducción de las desigualdades sociales.

La pregunta que nos tenemos que hacer es como se mide el grado de desarrollo de un estado del Bienestar. Tres son los indiciadores más importantes. Uno es el gasto público social como porcentaje del Producto Interior Bruto. Otro es el gasto público social por habitante (en unidades de poder de compra, es decir, euros estandarizados, para homologar su capacidad adquisitiva en países de distinto nivel de vida). Y un tercero es el porcentaje de población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar.

La situación de España

Veamos como está entonces España. Comenzando por el último indicador. El porcentaje de población adulta (15-64 años) que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar para el año 2007 (último año que Eurostat ha publicado tales datos) en España fue de un 10,26%, en la UE-15 de un 15,01% y en Suecia de un 23,75%. España es el país de la UE-15 que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios sociales del Estado del Bienestar.

Si analizamos el gasto público en protección social (gastos en transferencias públicas y en servicios públicos del estado del bienestar) como porcentaje del PIB vemos que en el año 2007, España fue un 21%, UE-15 un 27% y Suecia un 30%. España es el país de la UE-15 que tiene un gasto público en protección social como porcentaje del PIB más bajo (después de Irlanda, 16.5%).

Si analizamos el gasto público por habitante en protección social (medido en unidades de poder de compra o euros estandarizados) vemos que en el año 2007, España fueron 5.526, UE-15 7.464 y Suecia 9.028. España tiene el gasto público por habitante en protección social más bajo de la UE-15 (después de Portugal).

La conclusión de todos estos datos es que España se gasta muy poco en su estado del Bienestar, pero lo que incluso es más grave es que se gasta en su Estado del Bienestar menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica. España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%,  en lugar de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social. Este es su déficit social.

Veamos por cierto que incluso Euskadi –país en el que estoy dando esta conferencia- se gasta menos en su Estado del Bienestar que lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Así, mientras el PIB per cápita de Euskadi es el 122% del promedio del PIB per cápita de la Unión Europea de los Quince el gasto público social por cápita es sólo el 73%, lo cual quiere decir que deberían gastarse 3.678 euros estandarizados por persona más de lo que se gasta en su estado del bienestar.

Veamos ahora los distintos componentes del Estado del Bienestar.

Sanidad

El gasto público sanitario en España como porcentaje del PIB era en el año 2007 de un 5,7% mientras que la UE-15 era un 7,8%. Era el gasto público sanitario más bajo de la UE-15. Pero la situación es incluso peor puesto que el 22,45% del gasto público sanitario en España es en el capítulo Farmacia. Sustrayendo este capítulo, resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico en España es solo 4,5% del PIB que es, con mucho, el más bajo de la UE-15.

Si analizamos el gasto público sanitario por habitante para el 2007 vemos que en España es 1.572 euros estandarizados, más bajo que el promedio de la UE-15 que es de 2.031 euros estandarizados. Es en realidad el más bajo de la UE-15 después de Grecia y Portugal.

Esta situación, por cierto, se repite en el País Vasco donde a pesar de que el PIB per cápita es un 122% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario de Euskadi es solo el 70% del promedio de la UE-15. El País Vasco debería gastarse 1046 euros estandarizados más por habitante de lo que se gasta en su sanidad pública.

Educación

El gasto publico en educación España fue en 2007 un 4.4% del PIB, el de la UE-15 es el 5,1% del PIB y el de Suecia es 6,8%. Si en lugar de este indicador escogemos el gasto público educativo por alumno, vemos que España se gasta 4.806 euros estandarizados en la escuela primaria y 6.316 euros estandarizados por alumno en la secundaria, cifras que son más bajas que las del promedio de la UE-15 que son 6.254 y 7.272 respectivamente.

De nuevo, podemos ver que el País Vasco también se gasta menos en educación de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Mientras que el PIB per capita es el 122% del PIB de la UE-15 el gasto en educación pública per capita es solo el 75% de la UE-15.

Las consecuencias de este bajo gasto público en España son considerables. Una de ellas es que España tiene 559 horas lectivas al año en la escuela secundaria que es una cifra menor que en la UE-15 que son 678 horas lectivas. Sumando el déficit horario durante todo el periodo de estudio de la secundaria, resulta que el estudiante que termina la secundaria en España va a la escuela un año menos que el promedio de la UE-15 (dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda). De ahí que, según el informe PISA, los conocimientos en matemáticas, lengua y comprensión de lectura de un joven de 14 años en España es el de un joven europeo de 13 años.

Una segunda consecuencia de este bajo gasto es la polarización educativa en España. El 30% de la población, de renta superior, utiliza la escuela privada (la mayoría concertada con la Iglesia Católica) y el 70% restante de la población utiliza la escuela pública. Se crea así una polarización educativa que crea dos tipos de ciudadanos. Ciudadanos de primera (escuela privada) y ciudadanos de segunda (escuela pública). Por cierto, el fracaso escolar en España, 34%, es de los más elevados de la UE-15 (en comparación con Suecia que es solo el 7%).

Servicios de ayuda a las familias

Pero donde el Estado del Bienestar está menos desarrollado es en aquellos componentes que afectan a las familias, concretamente a las escuelas de infancia públicas y a los servicios domiciliarios a personas con dependencia (y ello responde al escaso poder que tiene la mujer en España). En España solo el 10% de niños de 0 a 2 años va a escuelas de infancia públicas, comparado con el 28% de la UE-15 y 58% en Suecia. Una situación igualmente deficitaria se da en los servicios domiciliarios donde solo el 2% de las personas en dependencia recibían en el año 2004 los servicios domiciliarios comparado con el 18% de la UE-15 y el 23% en Suecia. Esta situación ha ido mejorando notablemente en España como consecuencia de la aprobación de la ley de dependencia y de su desarrollo.

Por qué el subdersarollo de la España Social

Una causa muy importante es nuestra propia historia. La dictadura franquista (1939-1978) se caracterizó por ser una dictadura muy represiva con escasa sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto en protección social representaba sólo el 14% del PIB. El promedio de los países que constituyeron luego la UE-15 era ya de un 22% del PIB. Este déficit fue corrigiéndose durante la democracia pasando de ser un 14% en 1975 a un 23,7% en 1993. El promedio de la UE-15 pasó del 22 al 27,5% durante el mismo periodo de tiempo.

Pero el déficit de gasto público en protección social de España con el promedio de la UE-15 ha vuelto a aumentar desde 1993. El gasto público social de España, pasó de ser el 23,7% en 1993 año 20,9% en 2006 (el más bajo de la UE-15 después de Irlanda y Luxemburgo) mientras que en el promedio de la UE-15 se mantuvo el mismo porcentaje, 27,5%.

Cuando analizamos el gasto público social por habitante vemos que el crecimiento en España ha sido mucho más lento que en el promedio de la UE-15. Así, mientras que en España pasó de ser 3.039 euros estandarizados en 1993 a 5.162 en 2006, en el promedio de la UE-15 pasó de 4.677 a 7.277. En realidad el déficit del gasto público social de España en relación con la UE-15 pasó de ser 1.638 euros per cápita en 1993 a 2.115 en el año 2006, un crecimiento del déficit de 59%, sin precedentes en la UE-15. Ello se debió a que los sucesivos gobiernos españoles a partir de 1993 intentaron reducir el déficit del estado a fin de alcanzar los criterios de Maastrich, a base de reducir el gasto público social per cápita, reduciendo su tasa de crecimiento con una intensidad mucho mayor que no en la UE-15. Este gasto aumentó a partir del 2004 como consecuencia de la elección de un gobierno, más sensible al gasto social, que los anteriores. Esta situación cambió sin embargo a partir del 2007 cuando la crisis se inició, que ha afectado el gasto público social de una forma muy marcada, como consecuencia de la disminución de los ingresos al estado resultado de la recesión, así como los intentos de reducción del déficit público. Como consecuencia, treinta y dos años con democracia y la España social continúa a la cola de la UE-15.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista Social Europe Journal, 10 de febrero de 2012

Este artículo critica la postura muy generalizada en círculos económicos, financieros y políticos españoles que niegan la posibilidad de que España pudiera seguir políticas expansivas. El artículo está publicado en Social Europe Journal, uno de los centros digitales de reflexión sobre temas económicos y políticos más importantes de Europa.

A widely held belief in political circles of the left is that a country, like Spain, cannot follow expansionist policies on its own. It is said over and over again that unless the entire EU or, at least, the Eurozone expands, one country cannot do it alone. This was indeed the position of the Zapatero government during these three years of crisis. The only thing the government could do, according to Zapatero, was reduce the public deficit by cutting public expenditures, including public social expenditures, hoping these cuts would reassure the financial markets, convincing them the Spanish government was fully committed to fiscal responsibility, defining responsibility as “austerity”.  His government continued cutting and cutting, leading the country into a recession.

His major claim when he left office a few weeks ago was that he had avoided direct intervention by the troika (European Central Bank, European Commission and the IMF) as Portugal had been forced to accept. Zapatero was defeated primarily because of the largest ever decline of the electoral base of the socialist party. In a very short period of time – four years – the socialist party has lost, besides the country’s central governance, the majority of regional governments and the major cities of the country, which explains why the conservative party (PP) won big in the parliamentary elections even though its electoral support barely increased.

It was not a victory of the PP, but rather a spectacular defeat of the socialist party. The economic policies of the PP government continue to focus on austerity policies. As a consequence, the recession continues on its way to the Great Depression (48% of the young are unemployed) and Rajoy, the new President of the PP government, has indicated he will apply the same measures Portugal was forced to follow when the intervention in that county took place. It seems, after all, that the Zapatero austerity policies did not prevent Spain from being intervened. It is logical, therefore, that people ask “why all these cuts?” a question more and more people are asking.

There are no alternatives?

The data show there are alternatives, unfortunately not considered by the socialist party, even now after its recent Congress, where the absence of self-criticism was the major disappointing theme of the Congress. It is obvious that the party should face a stronger self-criticism than has occurred so far. It seems the only alternatives being considered are to make the cuts less rapidly and less intensely than the PP government is implementing. But nowhere is a 180 degree change calling for expansionist policies being considered, which leads to the starting point of my article.

The argument made by the leadership of the party is that unless there is some new Franklin Roosevelt on the European scene calling for a New Deal, Spain cannot do it alone. There is no question that a new Franklin Roosevelt would help a lot, but that does not mean that Spain could not follow expansionist policies if its government wished to do so. And the data is there to prove it. This data shows there are alternatives.

Zapatero cut pensions in an attempt to save 1,200 million euros. Zapatero, however, could have realized even more revenues for the state (2,100 million euros) if he had reinstated the wealth taxes he eliminated in his first mandate (2004-2008) or by reversing all cuts in the inheritance tax he implemented during the same period thereby getting an additional 2,552 million euros. Or he could have reversed the tax cuts he granted to individuals making more than 120,000 euros per year, recovering 2,500 million euros. The data is there for all to see. And indeed the population saw it. The popular classes (the working and middle classes), who used to vote for the socialists, asked why pensions had to be reduced while maintaining tax cuts for the well-to-do. This is why they abandoned the socialist party in the recent election.

But the list of alternatives is much longer. Zapatero tried to save 6,000 million euros by reducing expenditures on the National Health Services (which already has the lowest public health expenditures per capita in the EU 15). He did it indirectly by pressuring the regional governments, which actually run the regional branches of the National Health Service, to reduce their expenditures. Meanwhile, Zapatero did not reverse the tax cuts he had granted to the large corporations which have more than 150 million euros a year in sales (which represents less than 0.1% of all business in Spain). If he had done it, the Spanish state would have had 5,300 million euros more.

Zapatero also tried to cut education and social services. These cuts plus the cuts in health should have led to savings of 25,000 million euros but he could have obtained even larger amounts (44,000 million euros) by correcting the fiscal fraud of large fortunes, large corporations and the banks that, according to the Internal Revenue Service of the Spanish state, represents 70% of all the tax fraud.

Zapatero also tried to save 600 million euros by cutting the highly popular home care services, a federal program administered with the regional governments which he had introduced in his first mandate. Instead of cutting them, however, he could have obtained even larger revenues (800 million euros) by eliminating the public subsidies to the Catholic Church for religious teaching in public schools (which incidentally is unconstitutional in Spain). He could also have cut some of the new military equipment (Tiger helicopters and other machinery) from the defense budget. My colleagues, Juan Torres, Professor of Economics in Seville, Alberto Garzon, another economist, and myself have written a book that sold like hot cakes in Spanish bookstores called There Are Alternatives, a book the banking industry tried to suppress by pressuring the major publisher of Spain, Aguilar, to withdraw publication of the book (it was finally published by a smaller publisher).

What is outrageous in all these policies is that all the polls show that had the Spanish population been given a voice on whether they prefer the cuts in public and social expenditures or the reversal of the tax cuts that we show in our book, the overwhelming majority of Spanish people would have preferred the second option rather than the first one. And in spite of that, the policies carried out by the socialist government relied on the first, rather than the second alternative. It is therefore no surprise that the Zapatero government had the lowest share of the vote ever. People are not only angry (Spain currently has the largest number of days lost due to strikes in Europe after Greece) but profoundly disappointed with the socialist party because they do not accept the message that there are no alternatives. But there are.

The roots of the problem were already stated by the philosophy that Zapatero and his colleagues articulated soon after his election as President of the country in 2004. He indicated that cutting taxes was a left-wing policy and his economic advisor, Jordi Sevilla, had written a book on theNew Socialism in which he discouraged raising taxes and expanding public expenditures. Zapaterismo was the Spanish version of the “Third Way”. Unfortunately, it was not the only one in Europe. It has become the dominant form of social democracy in Europe which is why social democracy is in deep trouble. Unfortunately, I do not see the profound change that is needed in their mentality.

Are expansionist policies possible?

If Spain had adopted the same fiscal policies as Sweden and had invested in order to correct the enormous deficits in the social infrastructure of the country over the past 10 years, facilitating, among other things, the integration of women into the labor force, the Spanish state would be receiving 200,000 million euros more than it is today. With these 200,000 million euros, the Spanish state could have created 5 million jobs, which is the same number of people who are unemployed in Spain. The creation of those jobs would have eliminated unemployment and stimulated the economy.

If the underdeveloped welfare state of Spain had 1 adult person for every 4 working in the services of the welfare state, as in Sweden, rather than 1 out of every 10, Spain would create enough jobs to eliminate unemployment. The necessary revenues could be obtained by taxing all those groups that benefit most from the policies of tax cuts followed during the pre-crisis period. Those tax increases would not dampen consumption if the revenues obtained were invested in job creation, particularly low and medium salary jobs. This could be done if the political will was there. The problem is that the socialists did not dare to enact such fiscal reforms, among others, that would have antagonized very powerful forces in Spain. That is, as it always is, the true issue.